La Sala IV de la Cámara de Casación Penal aceptó un pedido de la Oficina Anticorrupción en el marco del caso que analiza el supuesto pago de sobreprecios.
La Justicia confirmó el pedido de la Oficina Anticorrupción para que la empresa IBM sea embargada por casi $82 millones.
De esta manera se asegurará la restitución de los bienes que resultaron del beneficio de convenios ilícitos firmados con la DGI durante la gestión menemista.
Los camaristas Mariano Hernán Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos ordenaron "remitir las actuaciones al tribunal de origen a fin de que dé inmediato cumplimiento a lo oportunamente resuelto por esta Cámara con fecha 18 de agosto de 2010 en el marco del presente incidente". La referencia se remite a lo resuelto por el mismo tribunal, hace más de cuatro años, cuando hizo lugar a un planteo de la OA que reclamaba el embargo de la multinacional de informática por 81.996.627,19, para hacer frente a las reparaciones económicas por el perjuicio al patrimonio público ocasionado con esas ilegales transacciones.
Télam tuvo acceso a la resolución donde los magistrados repasan el intrincado camino que vienen recorriendo los expedientes judiciales iniciados hace más de tres lustros en los que se investigan los convenios entre IBM y la DGI, el ANSES y el Banco Nación.
El embargo de los bienes de las firmas resulta "la medida cautelar prima facie idónea para asegurar la oportuna restitución al Estado del importe dinerario que pudiera haber constituido un pago en exceso", afirmó en aquella oportunidad el entonces camarista Augusto Diez Ojeda, en un voto al que adhirieron Hornos y Mariano González Palazzo.
En el nuevo fallo, el tribunal reconoce que "el principio general establece que las decisiones atinentes a medidas cautelares –sea que las decreten, levanten o modifiquen- no constituyen sentencia definitiva" lo que no habilitaría el análisis de la Casación, no obstante "corresponde admitir una excepción".
El 23 de febrero pasado los mismos jueces revocaron los sobreseimientos de 11 imputados en la causa en la que se investiga el pago de sobreprecios por el Estado Nacional de aproximadamente $ 120 millones relacionados con la contratación de servicios informáticos que celebró la DGI con IBM Argentina en 1994.
Los magistrados dejaron sin efecto los sobreseimientos y remitieron la causa "al tribunal de origen" encomendándole "que celebre en forma urgente el debate oral y público en las presentes actuaciones", según consta en las cuatro resoluciones de una veintena de carillas.
La medida alcanzó a los imputados Daniel Hurrel, Gustavo Soriani, Félix de Barrio, Carlos Krieger, Juan Carlos Cattaneo, Antonio Altieri, Carlos Juni, Silvina de la Rua, Liliana Almonsni de Semanes, Alberto Minazzoli y Francisco Figueira, quienes había sido eximidos de responsabilidad en la sentencia ahora derogada.
