Por Jorge Vasconcelos /La presión tributaria hoy es 7 puntos del PBI superior a la de 2003. Superar este límite puede afectar el ahorro y la inversión del país.
Un riesgo que asoma en el corto plazo es que se intente cubrir la brecha presupuestaria sólo con más recaudación, incluido el impuesto inflacionario o que se asuma que habrá de ser resuelta naturalmente a través del crecimiento. Dada la magnitud de la presión tributaria, hay muy poco margen en este plano, y abusar de este instrumento implicaría desalentar la producción y el ahorro.
Tampoco se puede exprimir el impuesto inflacionario y, respecto de sanear los números fiscales a través del crecimiento, debería haber pocas dudas que hoy la relación de causalidad va en la dirección opuesta.
El punto de inflexión lo asegura la confianza, y ésta depende de la consistencia del programa fiscal y monetario. En lugar de imaginar distintas alquimias para salir de la recesión "poniendo plata en el bolsillo de la gente", hay que proponerse recuperar el consumo por el freno a la inflación, que tendría mayor impacto y, sobre todo, sería sustentable.
La escalada de los precios es un "ladrón de billeteras" al que hay que atrapar. Y la otra vertiente para comenzar a reactivar el nivel de actividad es revertir la fuga de capitales, para que los ahorros fluyan hacia el sistema financiero y el mercado de capitales local.
Ante la merma en la recaudación tributaria, es posible que hacia fin de año vuelvan los "adelantos transitorios", emisión de pesos del Central destinada a cubrir necesidades del Tesoro. Pero es clave que este mecanismo quede acotado (¿$ 200 mil millones de pesos?) y no se superponga con la emisión de pesos destinada a rescatar Leliq, aceptando que las tasas de este instrumento bajen de forma gradual, en la medida en que las expectativas de inflación también lo hagan.
La Argentina se ha empobrecido en forma significativa en los últimos ocho años, y esto tiene que estar presente en los debates del "pacto social". La masa de ingresos "a repartir" suma actualmente u$s 400 mil millones al año. Pero si se pudiera cuantificar la suma de las demandas sectoriales, seguramente necesitaríamos un u$s 550 mil millones.
Por todo esto es importante definir las prioridades ante recursos tan escasos. Para hacerlo, conviene calibrar oportunidades y amenazas que ofrece el mundo hoy a la Argentina. El comercio global, que crecía al 4,2 % anual en los primeros siete meses del 2018, ahora cae un 0,2 %, con un Brexit y una pulseada entre Estados Unidos y China que siguen en zigzag.
La diversificación en el plano comercial es la receta obvia, por lo que habría que perseverar en el camino iniciado por Mercosur-UE y, si fuera posible, replicarlo hacia otras regiones. Al mismo tiempo, para que la oferta de bienes y servicios "made in Argentina" se adecue a la demanda exterior, hace falta recuperar inversiones, muy debilitadas por años.
Aquí es donde entra a jugar la necesidad de un drástico recorte del riesgo país, para que las empresas puedan desempolvar sus proyectos, aprovechando la bajísima tasa de interés internacional. Por ende, otra prioridad es que el gobierno logre una rápida y exitosa operación de canje de deuda pública.
Está claro que para conseguir una adhesión amplia de los tenedores de bonos, la Argentina necesita asegurar un sendero consistente de superávit primario. El nuevo gobierno debería reparar en que hoy la presión tributaria es 7 puntos del PIB superior a la de 2003, consolidando nación, provincias y municipios. Ir más allá de este límite puede tener efectos negativos sobre la predisposición a ahorrar e invertir en el país.
Y, a diferencia de Uruguay, que es un país unitario, la Argentina necesita compatibilizar la política de las tres jurisdicciones en erogaciones e ingresos, para hacerse atractiva a la inversión. De hecho, respecto de 2003, el gasto público como porcentaje del PIB, siendo que un punto está explicado por los municipio y los 11 restantes mitad y mitad entre Provincias y Nación. Desde 2015, esta última jurisdicción y ajustó casi 5 puntos del PIB, pero no las provincias, que en la última década - salvo honrosas excepciones- vienen tratando de sostener el crecimiento con cada vez más empleo público.
Ante la falta de crédito y el resto de restricciones, el instrumento más apropiado es el manejo del gasto público. Pero, para que sea efectiva, necesita estar sincronizada entre nación, provincias y municipios. Si la variación del gasto corriente fuera presupuestadas para 2020 con una variación entre 15 y 20 puntos porcentuales inferior a la inflación de 2019, esta decisión tendría un formidable rol como ordenador del resto de las variables de la economía. Dejando fuera de esa norma sólo a las jubilaciones mínimas y los planes sociales, podría comenzar a frenarse la inercia inflacionaria, siempre que la política monetaria sea consistente. Además permitiría reabrir la negociación con el FMI, que tiene u$s 12,5 mil millones pendientes de desembolso.
Pero recuperar el equilibrio fiscal es sólo una condición necesaria, no suficiente, para volver a crecer. Entre los múltiples factores que definen la radicación de inversiones, uno de los más relevantes es el alineamiento del set de precios relativos local con el internacional. Y, cuando se enfoca en precios relativos, una medida indirecta pero trascendente es el nivel que alcanza a cada momento el monto del gasto público consolidado medido en dólares.
Actualmente, ese guarismo se ubica en torno a los u$s 130 mil millones y podría considerarse cerca del equilibrio. Una cifra como la de 2015, cuando la suma de los presupuestos de nación, provincias y municipios alcanzó nada menos que los u$s 275 mil millones significaba que el peso del estado sobre las actividades que producen bienes transables era imposible de soportar, que la moneda local estaba extremadamente sobrevaluada (en el mercado oficial) y que las exportaciones no tenían chances de prosperar.
*Economista del IERALDE, la Fundación Mediterranea
