En el último Gobierno el gasto público promedio fue de US$5.429 por habitante. En esta administración este gasto cayó a US$2.882.
Desde el 2003, durante el gobierno de Néstor Kirchner, el gasto público en Argentina ha ido en aumento. Por ejemplo, en el período 2015-2019, bajo la administración de Mauricio Macri, el gasto promedio fue de US$245.391.129.553. Sin embargo, la llegada de Javier Milei modificó esta tendencia. En su primer año de gestión, el líder de La Libertad Avanza realizó una importante reducción alcanzando un promedio de $133.243.013.418 dólares.
De acuerdo con el economista Damián Di Pace, el gasto público no se reduce de manera automática; para comprender la disminución observada durante el gobierno de Javier Milei se deben tener en cuenta varios factores. En primer lugar, al comparar el período de enero-julio de 2023 con el mismo intervalo en 2024, se evidencia una transformación significativa en las cuentas públicas: el déficit primario se redujo de -2.480.350 a un superávit primario de 6.348.282, y el déficit financiero pasó de -3.954.731 a un superávit de 884.816.
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Estos superávits se lograron mediante una política de recortes drásticos en el gasto. El gasto primario real, ajustado por inflación, experimentó una disminución del 31% en el período mencionado. En particular, el gasto en salarios públicos se redujo en un 18% en términos reales, y las transferencias corrientes y de capital a provincias y municipios cayeron un 75% y un 96% en términos reales, respectivamente.
Otro factor que contribuyó a esta reducción del gasto en dólares fue la devaluación del peso argentino en diciembre de 2023, donde se implementó una devaluación superior al 50%. El tipo de cambio oficial pasó de 391 a 800 pesos por dólar, lo que impactó significativamente en las cuentas públicas y en el contexto económico general.
"En las últimas décadas los tipos de gasto público además de ser deficitarios fueron ineficientes. El gasto corriente como salarios de empleados públicos y gastos de funcionario público o prestación de servicios públicos se incrementaron para favorecer el clientelismo político en detrimento de la calidad de los servicios y de los empleados públicos de planta que con formación y eficiencia son desplazados por los que ocupan puestos políticos o beneficios transitorios y otros enquistados en el sistema. Los gastos de capital se han visto deteriorados con menor nivel de activos para el desarrollo de actividades corrientes como comunicaciones, transporte, puertos, caminos y rutas, etc. Los gastos de transferencias tuvieron un incremento exponencial a los efectos de subsidiar mediante diferentes tipos de planes y programas a la mayor cantidad de familias. Los gastos de inversión ha sido deficiente por que no ha aumentado o mejorado la calidad de los servicios públicos existentes", detalló Di Pace, director de la Consultora Focus Market.
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El camino del gasto público por habitante en las últimas gestiones
Comenzando en el gobierno de Carlos Menem (1996-1999), el gasto promedio por habitante fue de US$2.707. Sin embargo, durante la gestión de Eduardo Duhalde (2002-2003), se produjo una significativa reducción, alcanzando un gasto promedio de US$901 por habitante.
A partir de ese momento, se inicia una tendencia creciente que culmina en el gobierno de Mauricio Macri, con un gasto promedio de US$6.117 por habitante. En el período de Alberto Fernández, se observa una ligera reducción en comparación con el gobierno anterior, alcanzando un promedio de US$5.429 por habitante, manteniéndose aún en niveles elevados.
Finalmente, durante la administración de Javier Milei, se experimenta una drástica reducción en el gasto público por habitante, que cae a US$2.882. Esta variación refleja no solo cambios en las políticas fiscales, sino también las condiciones económicas que enfrenta el país en cada período.
"Argentina está en proceso de una reforma estructural de su Estado frente a reformas coyunturales previas. Para llegar a una reforma estructural es por qué los desequilibrios públicos son de gran magnitud y prolongados en el tiempo. Sin grandes cambios no habrá grandes mejoras. Los detonantes son grandes niveles de desigualdad social, estancamientos prolongados de la productividad. fuerte informalidad, endeudamiento público insostenible, un PBI decreciente en el tiempo y en el largo plazo. Una reforma estructural debe buscar bajar la presión tributaria, mejorar la competitividad y productividad de la economía, eliminar los obstáculos a la eficiencia de la producción de bienes y servicios, incrementar la inversión privada y el empleo, reducir los niveles de informalidad, mejorar las tasas de ahorro e inversión y corregir los niveles de endeudamiento. El gasto público encontró un límite hace tiempo que fue el incremento de la indigencia y la pobreza que se dará a conocer esta semana", expresó Di Pace.
RM
