Tras la decisión de excluir a la Argentina del Sistema Generalizado de Preferencias, los ministerios de Timerman y Giorgi relativizaron la medida. Cuál es el intercambio bilateral y en qué monto se lo afecta.
Un supuesto incumplimiento de un fallo arbitral por parte de la Argentina fue lo que motivó la decisión unilateral del gobierno de Estados Unidos de reducir los beneficios del comercio bilateral entre ambos países, según la versión de la administración Obama.
Pero la Cancillería salió a informar hoy que "las dos empresas beneficiadas por la decisión del CIADI jamás aceptaron iniciar los trámites de cobro de las sentencias, de acuerdo al reglamento del ente arbitral y la legislación argentina".Y, como para que no queden dudas de la posición del Gobierno de Cristina Fernández sobre la posición "incomprensible y unilateral", en un comunicado de esa cartera se señala: "El lobby ejercido por los fondos buitres para lograr esta decisión es una presión que nuestro país condena de forma contundente".
Además, desde Relaciones Exteriores detallan que "resulta incomprensible una decisión que reduce en alrededor de US$ 18 millones los beneficios de las empresas exportadoras argentinas frente a un comercio bilateral de bienes y servicios que alcanza los US$ 18 mil millones y que es ampliamente superavitario para Estados Unidos". En el mismo sentido se referió el Ministerio de Industria.
Desde la cartera de Débora Giorgi destacan que el intercambio comercial de bienes fue de US$ 11.901 millones en 2011, y en ese rubro la balanza bilateral fue favorable para EE.UU. en US$ 3.501 millones. Además, los exportadores argentinos solo canalizaron el 52% de sus ventas potencialmente acogibles al Sistema Generalizado de Preferencias el año pasado. Es decir que, aún pudiendo, los exportadores argentinos sólo utilizaron la mitad del mecanismo del SGP que ahora serán limitados.
Antecedentes
La cartera de Héctor Timerman aclaró que "las autoridades comerciales de EE.UU. aceptaron la propuesta argentina de resolver el diferendo interpretativo sobre el reglamento del CIADI, insistiendo en obligar que se aplique un mecanismo contrario al sistema legal vigente en la Argentina".
"La Argentina -remarca el comunicado oficial-, lamenta el intento de obligar a nuestro país a tomar una decisión violatoria de las leyes nacionales sobre pagos de sentencias. Leyes que fueron respetadas por todos quienes obtuvieron sentencias favorables contra el Estado argentino, incluyendo las víctimas de la dictadura que recibieron reparaciones por las violaciones a los derechos humanos sufridas durante el pasado régimen militar".
26-3-2012
