PERFIL reconstruyó de fuentes legales en Nueva York el vínculo con el Deutsche Bank y JP Morgan. Pese al freno de los buitres, aún estaría vigente. En el Gobierno lo desmienten.
Volver al mercado de capitales para obtener financiamiento podría ser más difícil para la Argentina después de la dura respuesta que el juez Thomas Griesa de Nueva York dio a los bancos de inversión esta semana sobre la posibilidad de que sean declarados en desacato. Sin embargo, eso no significa que las entidades JP Morgan y Deutsche Bank no seguirán testeando la potencial demanda en Londres de bonos en dólares con legislación local, de acuerdo con un contrato que habrían firmado las entidades y el Gobierno y que aún se encontraría vigente, según pudo confirmar PERFIL de fuentes legales y financieras en Buenos Aires y Nueva York.
Según detallaron a este medio bajo pedido de anonimato, existiría un “mandato” o “contrato” del gobierno argentino –redactado por el estudio neoyorquino Shearman & Sterling’s– para instrumentar la participación de los bancos para que en forma “exploratoria” sondeen el mercado, en busca de una colocación de deuda que oxigene las reservas del Banco Central.
Un abogado con acceso al documento explicó ayer que “se trata de un escrito que sigue en pie” aún tras la intervención de Griesa. “Estaba previsto que los fondos buitre reclamaran al tribunal que no se permita avanzar en operaciones de colocación de deuda. Por ese motivo, el documento señala que los bancos podrán realizan sondeos por su voluntad, sin que haya un carácter indicativo por parte del Estado argentino”. Es decir, el propio Estado se habría comprometido con los bancos a no aparecer detrás del impulso a este tipo de “sondeos” en el mercado.
Fuentes del Ministerio de Economía negaron a PERFIL ayer la existencia de este contrato, pese a que desde el Gobierno se ratificara días atrás la voluntad de salir a colocar deuda luego de intentarlo en diciembre sin éxito en plena caída del petróleo. Con todo, tras el pedido de Griesa a los bancos que revelaran en qué consistía la eventual colocación, desde el Deutsche Bank confirmaron que ya le enviaron el material al juez (ver aparte).
Cláusulas. Una de las claves del documento que habrían suscripto Economía y los bancos es una “cláusula anti-Griesa”. Se trata, según indicaron allegados a las partes, de una “Indemnity clause”, o cláusula “de indemnidad”, habitual en este tipo de operaciones por la que se le quita toda responsabilidad a las entidades financieras de los problemas de índole legal que podrían surgir al encarar la tarea. En este caso, entienden que sería clave para evitar que incurrieran en desacato.
“No se trata de un contrato para una colocación de deuda en sí, sino un mandato para evaluar qué recepción tendría una salida a la plaza internacional”, explicaron a PERFIL fuentes legales en Nueva York. “Por eso las declaraciones del equipo económico de que la advertencia de Griesa no cambia los planes oficiales”, apuntaron desde el exterior otras fuentes con acceso a las negociaciones entre Economía, los abogados y el mercado.
Sin que se note. El esquema se basaría en realizar las consultas a través de subsidiarias off-shore –fuera de Estados Unidos–, por ejemplo “Londres”, resaltó otra fuente con acceso al documento. La referencia a la cuidad europea no es casual. La Justicia londinense había considerado días atrás que el fallo del juez Griesa, que ordenó el bloqueo de los pagos del país a todos los bonistas que ingresaron al canje de deuda hasta tanto los fondos buitre cobren el 100% de lo reclamado más sus intereses, estaba excedido en su jurisdicción y sostuvo que los bonos en euros emitidos bajo legislación británica pertenecen a los bonistas, no los fondos buitre. Ese límite impuesto desde el tribunal europeo al magistrado norteamericano hizo crecer la idea en Buenos Aires de que sería una plaza viable para una futura emisión.
Por otra parte, fuentes del sistema financiero recordaron que, los bancos de inversión siempre están interesados en acercar propuestas a los Estados por el cobro de comisiones. En el caso de una eventual emisión de US$ 2 mil millones, como la que se rumoreó sobre el Bonar 2024, las comisiones suelen ser de 2% o más del monto emitido, por lo que en este caso los bancos embolsarían no menos de US$ 40 millones por la operación.
El pasado jueves, en tanto, se presentaron nuevos argumentos en contra de la orden de desacato dictada por el juez Griesa el 29 de septiembre. Según el comunicado oficial, “la absurda orden de desacato dictada por el juez Griesa a pedido de los fondos buitre carece de todo efecto práctico”. Para Guillermo Nielsen, ex secretario de Finanzas e integrante de las filas del massismo, dijo: “Destratar a un juez abre una puerta a mayores sanciones”.
El blue, en $ 13,03
Mientras la mirada de los analistas se centró a lo largo de la semana en el conflicto judicial con los buitres, el mercado cambiario se mantuvo en calma en la City porteña. El dólar oficial terminó ayer a $ 8,74 para la venta en las pizarras mientras que el blue del mercado ilegal cotizó a $ 13,03, marcando una brecha cambiaria de 49%, en línea con las semanas previas. Las reservas del Banco Central, según el informe preliminar eran de US$ 31.456 millones. De acuerdo con datos de AFIP, ayer se concretaron operaciones por más de US$ 31 millones en concepto de dólar ahorro, mientras que el acumulado por esta categoría llegó a más de US$ 3.884 millones. En cuanto a la venta de divisas por viajes al exterior, ayer se efectivizaron casi US$ 2 millones, mientras que el total a la fecha alcanza más de US$ 597 millones.
