Opinión. Por Ethel Pis Diez* | El ingreso de más productores de contenido no garantiza necesariamente más diversidad de opinión.
La diversidad es una de las bases de las democracias modernas. Es también el objetivo primero de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que se discute en el Congreso en estos días.
Para garantizar esa diversidad de contenidos el proyecto actual propone principalmente regular la concentración informativa, entendida esta última como concentración de la propiedad de los medios. La pregunta que deja pendiente es si la diversidad en la propiedad implica o garantiza un pluralismo político y cultural en los contenidos.
En el texto del proyecto, el término diversidad es equiparado con frecuencia a “variedad y libertad de opciones”, “libre acceso a la titularidad de los medios”, “pluralidad de orígenes” y “pluralidad de voces”. Se identifica la diversidad con la multiplicidad de la oferta informativa.
Sin embargo, es posible, e incluso muy probable, que entren en el mercado informativo nuevos actores y que todos o casi todos ellos adopten los mismos formatos, recojan las mismas voces e incluso generen las mismas noticias. Nuevos competidores no implican mayor diversidad de puntos de vista.
Esto puede resultar así por dos motivos. El primero es la falta de interés real de las audiencias por la diversidad de la oferta informativa. Aunque sean muchos los diarios, los canales o emisoras técnicamente disponibles, las audiencias tienden a concentrarse en unos pocos, comenzando por aquellos que no contradicen sino refuerzan sus puntos de vista. Esto es lo que genera una concentración de la demanda –traducida en rating o circulación- y por ende de la inversión publicitaria. En otras palabras, el poder de informar de un determinado medio, su capacidad de influir en personas e instituciones, depende principalmente de la elección del medio que hacen las audiencias.
El segundo motivo por el que no hay una relación directa entre multiplicidad en la propiedad de los medios y diversidad de contenidos es la enorme inversión que requiere generar nuevas propuestas, contenidos o formatos. Apenas se habla de innovación surge inevitable la pregunta acerca de quiénes son los que cuentan con los recursos suficientes para asumir el riesgo inherente al lanzamiento de nuevos medios, nuevos productos.
Llegados a este punto, la conclusión es que regular la concentración informativa estableciendo límites a la propiedad de medios no es suficiente y en un contexto de relativa abundancia de ofertas, no resulta muy eficaz, no garantiza pluralismo político y cultural en los contenidos. En todo caso no puede ser el único camino, sino parte de necesarias políticas de promoción y estímulo de la diversidad de contenidos y formatos.
* Doctora en Comunicación, especialista en economía de los medios de comunicación e investigadora de la Universidad Austral.
5/9/2009
