La Cámara Argentina de Internet –CABASE- reveló la excesiva carga tributaria que tiene la industria y advirtió sobre su limitación al despliegue de redes y la universalización de la conectividad en el país.
En el marco del Internet Day 2024, la Cámara Argentina de Internet –CABASE- presentó los resultados de un reciente estudio llevado adelante por el Centro de Estudios en Finanzas Públicas de la Universidad Nacional de La Plata (CEFIP-UNLP), del que surge que más del 40% de lo que paga un usuario por su servicio de internet son impuestos y tasas.
Argentina se caracteriza por un sistema tributario sobredimensionado y complejo. Así, de acuerdo a los resultados del estudio, el sector de servicios de acceso a internet está sujeto a más de 20 tributos y tasas de diferente índole que determinan su carga tributaria que se ubica, en promedio, en 41,5%, y varía en un rango de entre 38,6% a 44,5% en función del tamaño de la empresa, el modelo de prestación del servicio, la estructura de costos y la localización geográfica que introduce diferencias en la imposición provincial y municipal.
De manera general, se aprecia que los impuestos y tasas nacionales explican entre el 72% y el 89% de los tributos que recaen sobre el sector; los tributos provinciales entre un 11% y un 14%; y los municipales entre un 2% y un 16%. Esto pone de manifiesto los factores determinantes de la carga tributaria sectorial: la relevancia de la imposición subnacional -en particular la municipal- por las disparidades regionales que puede introducir; y la composición de la estructura de costos, el modelo de provisión del servicio, y el peso relativo de los insumos importados.
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En este sentido, la imposición provincial a los Ingresos Brutos muestra marcadas diferencias, ya que mientras la alícuota general en La Rioja es 2,5% en Córdoba es 4,75%. Asimismo, la disparidad se da también en las alícuotas específicas, donde, por ejemplo los servicios de proveedores de acceso a internet están sujetos a una tasa del 2,9% en Corrientes y a una del 5% en Buenos Aires, mientras que gran parte de las provincias, por ejemplo, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Santa Fe, entre otras, gravan por encima del nivel general y otras, como Córdoba, lo hacen con una alícuota menor a la media.
La misma disparidad se da en el ámbito municipal, por ejemplo, con la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene (TISH), con casos como el de Ensenada (Buenos Aires) que cobra una TISH del 0,9% sobre el monto de facturación. También debe abonar un derecho de espacio público sobre el número de postes utilizados de $45 pesos por poste. En San Cristóbal (Santa Fe) la TISH es de 0,85% sobre el monto de facturación y se debe abonar también un derecho de espacio público sobre su monto de facturación del 6%. Finalmente, en San Francisco (Córdoba) se abona una TISH de 2,6% sobre el monto de su facturación y en Rosario (Santa Fe), la tasa local sobre las ventas brutas (Derecho de registro e inspección) es del 2%, a lo que se suma un derecho de espacio público de $28 que recae sobre el número de abonados.
Asimismo, el 41,5% es un dato cuantitativo, cuyo efecto se aumenta cuando se contemplan la complejidad tributaria, los costos del cumplimiento, los regímenes de retenciones y percepción -con sus costos financieros-, y las distorsiones que generan algunos impuestos, principalmente ingresos brutos y el impuesto PAIS.
Sobre estos datos, Ariel Graizer, presidente de la Cámara Argentina de Internet –CABASE-, subrayó: “Desde el estallido de la pandemia, Internet ha demostrado claramente ser una herramienta fundamental para la producción, el trabajo, la educación y el esparcimiento de la población y como tal es una industria estratégica para el país que requiere de condiciones que impulsen su desarrollo, en reemplazo de regulaciones excesivas y una presión tributaria que actúa como un freno para el tendido de nuevas redes y la posibilidad de llegar a la universalización de la conectividad. La simplificación regulatoria y la reducción de la carga tributaria son herramientas necesarias para que las PyMEs y cooperativas, que son quienes tienen el desafío de construir y mantener con sus inversiones una infraestructura de internet robusta, escalable y sostenible, puedan llevar internet a todos los rincones de nuestra vasta geografía”.
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El informe también arroja luz sobre el impacto negativo en la industria del impuesto PAIS, los derechos de importación y la tasa estadística, que encarecen insumos clave que son parte de la función de producción del sector como routers, módems, fibra óptica, entre otros dispositivos que se producen únicamente en el exterior.
En este sentido, Ariel Graizer, como parte de sus palabras en la apertura oficial de las jornadas, agregó: “En el marco de una creciente digitalización de la economía, la conectividad a internet es un recurso crítico que habilita el desarrollo de las principales industrias y mercados verticales en todo el país. La industria, el comercio y los servicios, incluso el agro, están avanzando en su proceso de tecnificación y digitalización, convirtiendo al acceso a internet en una infraestructura crítica de su operación. Es por esto que el impulso y promoción de las redes de conectividad, a través del fomento de la inversión privada, debe ser un eje central de las políticas públicas de desarrollo económico de Argentina y esto implica ciertamente la revisión de los regímenes tributarios y las regulaciones que afectan al sector.”
A continuación de la ceremonia de apertura, en el marco del panel sobre “Urgencias y relevancias del sector TIC”, Alejandro Cosentino, secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, afirmó: “Este es un sector que necesita que el Estado le dé aire para su desarrollo, que se le quite el pie de encima a las empresas y eso es algo que lleva su tiempo y es algo complejo porque cuesta mucho desarmar las estructuras burocráticas y de regulaciones. Estamos estudiando en profundidad el funcionamiento del Fondo del Servicio Universal para reconvertirlo en una herramienta de financiamiento para el sector, quitando cualquier posibilidad de un uso discrecional de esos fondos.”
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Por su parte, Héctor Huici, subsecretario de Comunicaciones y conectividad, dijo: “A mí me gusta destacar lo que tiene que ser permanente de lo coyuntural. Está claro que la creación de riqueza es un proceso de privados y sería ilógico pretender que un Estado quebrado sea parte de ese proceso. Nuestra expectativa es tener pocas reglas, y reglas claras. Una regulación inteligente y transparente para que sea eficiente, y eso significa que la industria tiene que encontrar los acuerdos entre partes, y que no necesiten tanto del Estado para resolver cosas que pueden resolver solos.”
Como Interventor del Enacom, Juan Martín Ozores, sostuvo: “Estamos trabajando en un marco regulatorio claro para que la industria pueda desarrollarse en la economía digital. La idea es tener un ENACOM funcional, con foco en lo técnico pero, por sobre todo, dinámico y ágil, que sea una plataforma para que las empresas puedan desarrollarse. El DNU 690 es el mejor ejemplo de una intromisión innecesaria del Estado en una industria de alta competencia.”
También aportó su visión Santiago Pordelanne, subsecretario de Economía del Conocimiento, quien comentó: “La economía del conocimiento tiene una potencialidad enorme. Argentina es ya el segundo exportador de la industria del conocimiento a nivel regional luego de Brasil. Estamos trabajando desde el área con foco en el sostenimiento y el impulso de la industria con un marco previsible y de reglas claras para un sector que tiene aún mucho para crecer, y en ese desarrollo la infraestructura de conectividad tiene un rol central como habilitador, dándole a las personas la posibilidad de trabajar desde cualquier lugar.”
