Efectos del desembarco estatal. La petrolera es una caja vacía que exige una fuerte inyección de fondos: desafío para el fisco. Brasil arde por Petrobras: “El cortocircuito es serio”.
Que se va a declarar el petróleo de interés público, para que baje más el precio de la compañía con miras a un futuro traspaso.
Que el Estado comprará acciones para tener más presencia en el directorio en una gestión mixta.
Que se estatizaría el 51% del paquete y se definiría cuánto pagar por ello al cabo de tres años.
Todas opciones abiertas al cierre de esta edición, cuando se acercaba el capítulo fi nal de la novela del desembarco estatal en YPF, que en el último mes pasó de ser un tema puntual de una compañía a un trending topic con ecos en la macroeconomía, los negocios y hasta en las relaciones externas.
YPF es nada más ni nada menos que la empresa privada más grande de la Argentina.
Factura $ 63.500 millones al año y lidera el mercado de los combustibles. Pero además, aunque está (todavía) controlada en un 57% por la multinacional española Repsol y en un 25% por el local Grupo Petersen, es un símbolo muy caro a los argentinos.
"Junto con el tema Malvinas y las restricciones a las importaciones, constituye el eje nacionalista sobre el que está haciendo hincapié el Gobierno", afirmó el analista político Rosendo Fraga en una charla con empresarios y banqueros.
La decisión oficial de intervenir en la compañía fundada a principios del siglo XX y privatizada en 1999 emergió desde comienzos de año, cuando en los discursos de la presidenta Cristina Kirchner apareció la preocupación por los u$s 10.000 millones de défi cit en la balanza comercial energética.
En un año de obsesión por la oferta de divisas, los proyectos comenzaron a proliferar de la mano del viceministro de Economía, Axel Kicillof, y del secretario de Energía, Daniel Cameron.
Cerca del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, se impone el principio de “todo el poder a la Presidenta”, en todas las áreas, incluso los hidrocarburos.
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15-4-2012
