En primera instancia, la justicia estadounidense condenó al país a pagar US$ 1.330 millones. Si el máximo tribuna falla a favor de los fondos ese monto subiría a US$ 15.000 millones.
La Corte Suprema de los Estados Unidos dará a conocer este lunes su decisión sobre el pedido de la Argentina para que intervenga en el juicio entre el país y holdouts y revise los fallos adversos de primera y segunda instancia que obligan al pago de US$ 1.330 millones.
En medio de la expectativa por la resolución, la presidenta Cristina Fernández renovó ayer desde Bolivia sus críticas a los manejos de los llamados fondos buitre porque, dijo, ponen "en juego al sistema financiero y económico internacional".
En tanto, diputados de la oposición y el oficialismo que hace una semana viajaron a Washington para avalar el reclamo argentino dijeron tener expectativas "alentadoras" sobre la definición que adoptará la Corte Suprema de los Estados Unidos y estimaron que un pedido de opinión al Procurador General "patearía" la resolución del conflicto para 2015.
El máximo tribunal judicial americano se reunió el jueves en Washington y postergó la comunicación oficial sobre su determinación.
En las últimas horas cobró fuerza la versión de que la Corte le pediría una nueva opinión al Gobierno de Barack Obama, a través de una consulta al Procurador general, o bien que devuelva el caso al juez de primera instancia Thomas Griesa para que convoque a las partes a una nueva negociación.
Ambos escenarios serían favorables para la Argentina dado que le permitirían al gobierno trasladar la discusión a 2015, cuando se cae la cláusula que le permitiría a los acreedores que entraron al canje reclamar una eventual mejora de la oferta.
La Argentina reclama la intervención de la Corte Suprema argumentando que no es un litigio entre privados sino que el caso enfrenta a fondos de inversión con un Estado soberano.
El Gobierno argentino defendió su posición sosteniendo que realizó dos reestructuraciones en 2005 y 2010 bajo su condición de Estado soberano y sin incumplir la cláusula de igual tratamiento a acreedores (pari passu).
Para los jueces de primera y segunda instancia del Circuito de Nueva York la Argentina no honró esta cláusula incluida en los contratos de los títulos y condenó al país a pagar US$ 1.330 millones.
Para el Gobierno argentino, si los fallos quedan firmes, ese monto se eleva a US$ 15.000 millones.
En caso que la Corte Suprema de los Estados Unidos decida no aceptar la apelación, la Argentina tendría que pagar antes del 30 de junio y corre el riesgo el servicio de los bonos performing que operan en las próximas semanas, quedando al borde del default técnico.
La impresión de analistas es que la Corte se tomará más plazo para tomar la decisión. Abona esta sensación los movimientos de los mercados financieros que provocaron subas en los títulos de la Argentina y baja en el riesgo país. Este comportamiento marca que hay confianza en que el país no caerá en default técnico a partir de una decisión adversa.
Fuente: DYN
