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22/12/2014

En qué nos cambia la vida la ley Argentina Digital

Por Enrique Carrier (*) | Pros y contras de una normativa creada más para la política que para los teleoperadores.

Finalmente y en un marco previsible de mucho discurso y poca modificación, Argentina Digital ya es ley. Lamentablemente, el diseño de la norma, inconsulto con los involucrados, y el tratamiento express recibido en el Congreso para una ley de tal trascendencia permiten presagiar un horizonte nuboso.

Argentina Digital tiene el raro mérito de haber sido rechazada por los operadores de todos los tamaños y características, sean grandes telcos, cableras, PyME o cooperativas. Más allá de los lógicos intereses disímiles de cada una de estas empresas, el principal temor y causante del rechazo es que, por la vaguedad de su articulado, la ley significa un cheque en blanco para la Autoridad de Aplicación (AA). Una Autoridad que además gozará de un enorme poder de regulación (englobando a la Secretaría de Comunicaciones, la Comisión Nacional de Comunicaciones, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y el Correo Oficial) y tendrá capacidad de intervención directa en el mercado como un actor (con privilegios) a través de Arsat y Argentina Conectada, cumpliendo simultáneamente el rol de juez y parte. A esto se sumará el manejo de los recursos del Servicio Universal (una caja que cuenta con $ 2.300 millones y crece a un ritmo de $ 70 millones mensuales) hasta ahora en manos de un fideicomiso formado por las empresas del sector. En definitiva, acumulación de poder político y poder económico. Así, lo bueno o malo que pueda surgir de esta ley dependerá de lo bueno o malo de la AA.

La ley significa un cheque en blanco para la Autoridad de Aplicación

Sólo a modo de ejemplo, y según condiciones no definidas objetivamente en la ley, la AA podrá fijar tarifas, determinar arbitrariamente las condiciones por las que un operador tiene “Poder Significativo de Mercado” permitiéndole aplicar medidas de regulación asimétrica, establecer qué operadores deberán abrir sus redes para permitir que sus competidores también las utilicen, y así tantas otras. No hace falta ser muy perceptivo para darse cuenta que esta discrecionalidad no deja tranquilo a ningún operador de este sector, sin importar origen o tamaño.

Lamentablemente, este no fue un tema de discusión. Las principales modificaciones que sufrió el proyecto en su paso por el Congreso fueron el impedimento (razonable) a las telcos de dar servicios audiovisuales a través del satélite (defendiendo intereses de PyME y cableras así también como los propios de algunos legisladores) y hacer de la AA un organismo con representación más distribuida entre Poder Ejecutivo Nacional, provincias, bloques legislativos. O sea, la prioridad para el poder político fue no quedarse fuera de la rosca, no hacer una ley mejor.

Sin ser el tema más relevante de la nueva norma, especialmente luego de la modificación que impidió hacerlo a través del satélite, la posibilidad de que las empresas de telecomunicaciones ofrezcan servicios de TV fue ampliamente sobredimensionada, dando lugar a una discusión estéril que desvió la atención de los temas relevantes.

Hay varios fundamentos, técnicos, de negocio y de mercado, para pensar que el escenario de la TV no cambiará gran cosa en lo inmediato. Por un lado, las telcos deberán invertir fuertemente en aumentar la capacidad de su red si quisieran transportar señales de TV en HD. La IPTV (tecnología a utilizar en este caso) no es Netflix. Necesita un ancho de banda asegurado calculado alrededor de los 7 Mbps, a lo que se suma el ancho de banda necesario para Internet.

Así, cualquier propuesta razonable exige contar con un ancho de banda de unos 13 Mbps o más, teniendo en cuenta la creciente demanda de ancho de banda para dispositivos y aplicaciones conectables a Internet. Algo que no está disponible en la mayor parte de la red ADSL de las telefónicas. Por otra parte, ingresar al mercado de TV paga, con una penetración de aproximadamente el 80%, no es un picnic. Las telcos deberían invertir fuertemente en contenidos, marketing y margen para desarrollar propuestas que en alguna medida deban ser mejores (en calidad y/o precio) que las actuales. A esto hay que sumar que para lo que refiere a servicios de comunicación audiovisual, los operadores TIC están sujetos a los requisitos de la mal llamada ley de medios, lo que incluye una limitación a la participación del capital extranjero entre los accionistas.

Así, ni Telefónica (por ser española) ni Claro (por ser mexicana) estarían habilitadas para dar estos servicios. Quizás sí Telecom en la medida en que Fintech (EE.UU., país con el cual hay un acuerdo que lo exime de esta limitación) tome el control de la operación. Finalmente, en una tendencia incipiente pero creciente, esto se da en un escenario donde las nuevas generaciones a partir del momento en que se van a vivir por su cuenta, ya no contratan servicios de TV paga. Lo que quieren es un acceso de banda ancha y por allí consumirán los contenidos. Por lo tanto podría decirse que el negocio de la TV paga alcanzó su pico de penetración y que de ahora en más el camino sólo puede ser descendente. Por todo esto, pensar que la habilitación a las telcos a dar TV es la motivación de la nueva ley es cuando menos optimista.

La prioridad para el poder político fue no quedarse fuera de la rosca

Por otra parte, subsiste el articulado que tanto inquieta a los defensores de los derechos civiles, aspecto minuciosamente analizado por ONG y académicos.

Luego de la discrecionalidad otorgada a la AA, quizás al mismo nivel, la limitación mayor de la nueva ley es una falla que se puede considerar estructural. Originalmente, Argentina Digital fue presentada como un marco regulatorio para la convergencia. Sin embargo, para que ésta se produzca en armonía, es necesario contar con una regulación única, que no genere más asimetrías que las que ya existen entre los distintos operadores que a partir de ahora serán licenciatarios TIC (por Argentina Digital) y que también serán licenciatarios de servicios de comunicación audiovisual. En otras palabras, una industria convergente necesita una regulación también convergente. Esta será una asignatura para el próximo gobierno. En el ínterin, Argentina Digital, con sus ambigüedades, discrecionalidades y conflictos, tiene muchas probabilidades de tener la misma aplicación que la lograda por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual luego de 5 años.

(*) Enrique Carrier es Analista del mercado de telecomunicaciones
Director de Carrier y Asociados | Twitter: @enriquecarrier 

 

 

Un pensamiento en “En qué nos cambia la vida la ley Argentina Digital”

  1. 13 Mb de ancho de banda para IPTVe Internet sólo alcanza si hay un sólo televisor en la casa. Si consideramos que el promedio está por encima de 2, hablamos de al menos 27 Mb hoy. Que en un par de años volverán a ser menos. Hay que pensar en no menos de 40 Mb en casa del cliente.

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