Algunos analistas estimaron que un fallo en contra podría poner en riesgo exportaciones por unos US$ 6 mil millones.
Por Patricia Valli.
No es momento para restringir todavía más el ingreso de los –cada vez menos– dólares comerciales, y tras la confirmación del fallo en contra de la Argentina por las restricciones a la importación, el Gobierno decidió recurrir a las negociaciones bilaterales con los demandantes para evitar represalias.
Algunos analistas estimaron que un fallo en contra podría poner en riesgo exportaciones por unos US$ 6 mil millones, aproximadamente la mitad de los vencimientos de deuda de este año para la Argentina si los 43 países que se quejaron optaban por aplicar la “ley del Talión” contra las declaraciones juradas anticipadas de importación DJAI.
Por esto, el jefe de Gabinete Jorge Capitanich reconoció la posibilidad de que “se establezcan criterios de negociación bilateral con los países denunciantes, pero no sin antes hacer un análisis de contexto”. Entre los principales mercados con los que el Gobierno deberá negociar están los Estados Unidos, Japón y la Unión Europea.
“La Argentina tiene un mes para la ratificación final, y si no hay cambios, los demandantes tienen derecho a retaliar, aunque tampoco es tan automático; cada país deberá analizar los costos de lo que deja de importar, el impacto en su mercado interno. No se puede decir que afectará a todas las exportaciones, pero tiene un impacto potencial”, señaló el presidente de la Cámara de Importadores, Diego Pérez Santisteban. Los exportadores, por su parte, pidieron al Gobierno que abra una instancia de análisis sobre las regulaciones al comercio.
Mientras tanto, los representantes de los sectores industriales protegidos por estas medidas cuestionadas en la OMC defendieron el aumento de la actividad y el empleo interno, y marcaron los “riesgos” asociados a la revisión de medidas comerciales bajo la órbita del secretario de Comercio, Augusto Costa. “El hipotético levantamiento de las medidas de administración que sugiere el fallo no haría otra cosa que disparar un proceso de desindustrialización y disminuir sustancialmente los niveles de importación”, cuestionó el presidente de la Fundación ProTejer, Jorge Sorabilla, que aseguró que “existen más de 35 mil medidas paraarancelarias que regulan el comercio internacional, con Estados Unidos a la cabeza de la lista de países proteccionistas con 4.289 medidas restrictivas en vigencia”.
La defensa argentina –a cargo del secretario de Relaciones Económicas de la Cancillería, Carlos Bianco– en el organismo comercial gira sobre las medidas fitosanitarias y de restricción no arancelaria que aplican los principales mercados.
“Las compras externas, desde el año 2007 y hasta 2014, aumentaron más de 45%, y la administración de ese crecimiento del comercio fue compatible con un proceso de recuperación de la actividad industrial local”, argumentó el presidente de la Confederación General Empresaria (Cgera), Marcelo Fernández, alineado con el Gobierno.
Desde el Ministerio de Economía evitaron comentar si está en estudio una modificación al sistema de DJAI, y el jefe de Gabinete consideró que se trata de “un sistema ágil, y el abastecimiento de los productos depende de la gestión y previsión empresaria”.
Argentina tiene treinta días para presentar un informe sobre la implementación de las recomendaciones de la OMC pero puede pedir más tiempo, según explicó el presidente de la Cámara de Exportadores, Enrique Mantilla.
Esta nota fue publicada en la Edición Impresa del Diario Perfil.
