La Defensoría del Pueblo pide volver a los planes de internet ilimitada

El planteo fue iniciado para los clientes de Movistar, primera compañía en cambiar los planes ante la llegada del 4G.

Redacción Fortuna

La Defensoría del Pueblo porteña pidió a la Secretaría de Comercio que ordene a la empresa Movistar la suspensión "inmediata" de los nuevos planes que incluyen el cobro de bloques adicionales para uso de datos móviles, y que restablezca los planes de Internet ilimitada.

Según consigna la agencia Télam, el defensor del Pueblo de la Ciudad, Alejando Amor, hizo la presentación ante la Dirección Nacional de Defensa del Consumir y Arbitraje de Consumo, a raíz de la multiplicidad de denuncias y reclamos de los clientes de la mencionada compañía.

También ayer la Secretaría de Comunicaciones imputó a Movistar por no cumplir con la "correcta notificación" de los cambios de planes; por lo que a partir de ahora la empresa debe presentar su descargo, tras lo cual "el Estado nacional estará en condiciones de tomas medidas efectivas", según la oficina dirigida por Norberto Berner.

Desde la empresa, ante una consulta de Télam, se limitaron a señalar que "están analizando la situación".

La presentación de la Defensoría se trata de una acción colectiva para los al menos 1,7 millones de clientes que, según la Secom, fueron alcanzados por la decisión de Movistar de modificar sus planes de datos.

En concreto se trata de la decisión de la empresa de cobrar bloques de datos y uso de Internet con un cargo de 3,30 pesos cada uno; así como por la eliminación de la navegación ilimitada.

Según la presentación, Movistar viola la Ley de Defensa del Consumidor porque "la empresa omitió (o eludió) brindar a sus usuarios la información (veraz, adecuada y suficiente) sobre los cambios operados".

De ser así, representa una violación "al deber de información al usuario, protegido en el artículo 4º de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor".

Según se subraya en la denuncia, Movistar no dio cumplimiento a informar los cambios de planes con un mínimo de 60 días de anticipación para que todos los usuarios conozcan y decidan, o no, aceptar la modificación.

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