Por Florencia Merino y Mariano Deagusto, analistas económicos de Libertad y Progreso
Los fuertes aumentos en las facturas de gas sorprendieron a algunos, denotando cierta imprevisibilidad por parte del ministro de Energía, Juan José Aranguren, y su equipo. No parecen haber tenido en cuenta que la combinación de quita de subsidios y un bimestre más frio, podría hacer disparar la boleta de algunos usuarios por encima del “gradualismo” prometido. Sin parte del subsidio estatal previo, el precio se elevó fuerte; mientras que el clima, más frío que lo habitual, impulsó la cantidad demanda y, como el método de cobro penaliza a los usuarios de mayor consumo, el precio subió aún más.
Por esto, y para frenar los reclamos, el lunes el Jefe de Gabinete Marcos Peña, junto a los ministros Juan José Aranguren y Germán Garavano, rectificó la suba en las tarifas de gas. La nueva medida pone un tope de aumento de 400% para este año respecto al monto total pagado en el mismo período del año anterior, para las residencias domésticas, y de 500% para comercios e industrias.
La corrección busca aplacar el malestar social, pero genera otros problemas. Si un hogar ya recibió una factura con subas de 400% o más, tenderá a consumir todo el gas que le plazca porque a partir de tal tope no pagará ni un centavo más; ya que asumirá que ahorrar no vale la pena. Sin serlo explícitamente, este mecanismo trae aparejados los problemas de implementar una tarifa plana, ya que los usuarios no se ven incentivados a moderar la demanda de gas. Esto puede resultar contraproducente en un contexto de escasa producción de gas desde hace varios años, por la falta de inversión, y que no aumentará mágicamente de un día para otro.
Otro problema de la nueva medida es que se genera un esquema más regresivo. El techo no tiene en cuenta que hogares con ingresos altos que sí pueden pagar aumentos mayores verán su factura subsidiada innecesariamente; mientras que familias de ingresos medios-bajos, no alcanzadas por la tarifa social, deberán realizar un esfuerzo relativamente mayor para abonar el gas. El ministro Aranguren declaró que hubo un 25% de gente con impactos tarifarios que no habían estado en sus cálculos previos. Una corrección menos injusta hubiera sido ampliar el alcance de la tarifa social a esa proporción de personas, dejando sin modificaciones las tarifas y cobrándoles por el excedente lo que corresponde. Así se incentivaría a los beneficiados a ahorrar para bajar aún más el monto de la factura y no se subsidiaría los que sí pueden hacer frente a las subas.
Pese a las idas y venidas improvisadas, desde el Gobierno esto no se admite como un retroceso, aunque las contradicciones sean evidentes. Mientras el Presidente sugiere cambiar los hábitos y ahorrar gas, los ministros fomentan indirectamente lo contrario con las medidas. El Presidente planteó que se estaba haciendo un uso imprudente del gas si se andaba en remera y ojotas en la casa en pleno invierno. Si bien cada consumidor es libre de demandar la cantidad que desee, no puede exigir que el resto de la sociedad deba subsidiar sus excesos de consumo.
Aún más, desde el Gobierno se ha criticado un esquema tarifario heredado que era artificialmente barato, pero igualmente se propone otro distorsivo. Lo cierto es que, aunque antipáticos, los aumentos en las tarifas de los servicios públicos no pueden seguir posponiéndose. El esfuerzo fiscal y deterioro en la infraestructura del sector energético así lo exigen. Pero no hay que olvidar que cada movimiento en el terreno económico tiene un costo político como reflejo.
Es fácil como propone la oposición decidir mantener subsidios generalizados, aunque sin aclarar de dónde van a salir los recursos para pagarlos. ¿Más impuestos? ¿Reducción de otros gastos o inversiones? ¿Más inflación y/o deuda? El Gobierno tiene la responsabilidad de cuidar las finanzas del Estado de todos y hacer que los que pueden paguen lo que usan; pero debería reconsiderar cómo comunica los aumentos y protege a los hogares de menos ingresos, tratando de evitar distorsiones en los incentivos al ahorro energético.
