Se busca despejar el camino hacia una resolución de la controversia legal generada por el incremento de las tarifas de gas y luz.
El Gobierno nacional pondrá en funcionamiento en las próximas horas una convocatoria para que se puedan realizar Audiencias Públicas para analizar -por separado- las políticas tarifarias para los servicios de suministro de electricidad y de gas natural, según revelaron a DyN fuentes oficiales.
La maniobra que quiere llevar adelante el Ejecutivo se explica por la necesidad de despejar el camino hacia una resolución de la controversia legal generada por el incremento de las tarifas de ambos servicios en febrero y abril, respectivamente, y la consecuente serie de recursos judiciales interpuestos en contra por diversas organizaciones sociales.
Ambas cuestiones treparon en el ámbito judicial y en el caso del gas ya está en consideración de la Corte Suprema de Justicia, lo que hizo que los incrementos quedaran en un limbo dado que se recomendó no pagar las facturas hasta que exista una resolución judicial.
Desde la mañana de ayer que el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, anticipó en declaraciones periodísticas la intención de convocar a audiencias, que el funcionario calificó de "informativas", pero que por la tarde se confirmaron como las que corresponden a las diseñadas en las leyes 24.076 (Gas) y 24.065 (Electricidad).
El anticipo de Aranguren se vio ratificado luego por declaraciones del jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, y ambos trabajaron hasta pasadas las 20 en Casa Rosada, preparando las resoluciones de convocatoria a las audiencias.
Hasta la semana pasada el Gobierno se manifestó reticente a la realización de estas audiencias por considerarlas innecesarias, pero los reclamos judiciales y las dos protestas callejeras contra la gestión macrista influyeron en el Ejecutivo.
La realización de esta audiencias esta reglamentada e implica la participación de representantes de las empresas del sector, de las organizaciones de usuarios y consumidores (residenciales e industriales) para debatir aspectos técnicos y económicos de la política tarifaria, coordinados por los organismos reguladores (ENARGAS y ENRE).
Mientras se espera que avance el tratamiento por parte de la Corte Suprema, las empresas distribuidoras de ambos servicios dependen de instrucciones por parte de los entes reguladores respecto del criterio a aplicar en la facturación.
Las gasíferas han paralizado la emisión de sus facturas ya que quedaron sin efecto las últimas resoluciones que disponían aumentos de 400 y de 500 por ciento respecto de lo cobrado en el mismo período de 2015 y ahora deberían facturar cobrando las tarifas vigentes a marzo último.
Por su parte, las compañías de electricidad Edenor y Edesur están facturando con las "tarifas viejas" en el Gran Buenos Aires y con las nuevas en la Ciudad de Buenos Aires porque, argumentan, aún no recibieron notificación del fallo judicial que obliga a la compañía CAMMESA a retrotraer sus tarifas a enero, igual que al resto del país, lo cual ha sido cuestionado por la asociación empresaria ADEERA.
