Por Rosendo Fraga /La definición de un liderazgo dentro del oficialismo será fundamental para hacer que el país avance.
Que este año no sea electoral no quiere decir que no sea político. Además, no son pocos los interrogantes que se irán develando o no a lo largo de los próximos 12 meses.
Será un año sin elecciones. Recién en octubre de 2021 tendrá lugar la renovación parlamentaria de medio mandato.
Esto permite al nuevo gobierno presidido por Alberto Fernández avanzar en la resolución de los problemas del país sin la urgencia de una campaña electoral, que en Argentina cada vez duran más pese a las disposiciones legales. Será un año económicamente muy difícil. El FMI espera una caída del PBI próxima al 2% y una inflación anual cercana al 40%.
Ello implica que pobreza, desempleo y desigualdad (tríada que permite constatar la situación social) seguirán empeorando. Es así como 2020 será el tercer año consecutivo de recesión (2018, 2019 y 2020). Todo esto se da sobre una economía estancada en el segundo mandato de Cristina (2011-2015) y otra en retroceso en el gobierno de Macri que acaba de terminar (2015-2019).
No sólo 2020 será difícil en sí mismo, sino que sumará ocho años previos de estancamiento y retroceso, con indicadores sociales negativos.
Junto con el estancamiento y la recesión se abre un abanico de demandas sociales, que pasan, específicamente, por el aumento de la pobreza, que al tercer trimestre del año pasado rozó el 41 por ciento, según los datos del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina.
Pero no solo son lo sectores más postergados de la sociedad los que han acumulado demandas en estos años, primero durante el kirchnerismo y luego con el macrismo. También amplios sectores de las clases medias sienten que ahora están peor que en 2011 y, por lo tanto, allí la fórmula Fernández-Fernández logró buenos respaldos en los comicios.
A esto se agrega el problema específicamente político. La elección de octubre ha definido quién gobernará el país los próximos cuatro años: la fórmula Fernández-Fernández. Pero no ha definido los liderazgos.
Queda planteado cómo será la convivencia y cooperación en un peronismo que será “bicéfalo” en el poder, con Alberto y Cristina siendo las dos caras de este liderazgo. Pero dentro de Cambiemos la situación no es diferente en el sentido en que tanto Macri como Larreta parecen tener posibilidades de asumir el liderazgo opositor.
Ya en 2020, la política estará mirando ambas pujas. Pero ello no debería impedir la gobernabilidad. Conflictos en política siempre hay. Pero ellos pueden escalar, estallar, moderarse o incluso resolverse. La cuestión es que en este contexto político y económico, el nuevo gobierno debe encauzar y resolver una de las tres crisis económicas más graves desde el restablecimiento de la democracia en 1983. La idea de gestionar tanto la política económica como la crisis social mediante un “Pacto Social” es central en el nuevo Presidente. Es una idea política, económica y social al mismo tiempo. El marco político-institucional de este Pacto, sería el Consejo Económico-Social. Una idea de Roberto Lavagna, en la cual tendrá un rol, como inspirador, asesor o incluso protagonista.
No se trata de una iniciativa novedosa sino que recupera experiencias del peronismo del pasado, que encuentra antecedentes en la política europea del siglo XX. En un año sin elecciones y con fuertes dificultades con la economía, el rol de los actores institucionales se potenciará.
La Suprema Corte probablemente tendrá mejor relación con Fernández que la que tuvo con Macri. No por el origen político de sus integrantes sino que para el último era más una fuente de conflictos y problemas que de acuerdo y soluciones.
Con Alberto Fernández será a la inversa. Su experiencia política como Jefe de Gabinete de Néstor Kirchner le permitió intervenir en el proceso de nominación y aprobación parlamentaria de dos de los cinco miembros del Supremo Tribunal. La relación del Ejecutivo con los gobernadores será otra cuestión principal.
Seguramente la mayoría de los gobernadores peronistas tendrán mejor relación con el Presidente que con la Vicepresidenta.
Pero alineada con ella estará el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Se trata de un distrito que reúne a casi el 40% de la población y el PBI de Argentina. En este marco, es posible prever que habrá conflictos políticos y puja por la distribución de los recursos públicos por la sencilla razón de que será un año de escasez, en especial si tenemos en cuenta las demandas acumuladas por vastos sectores sociales, precisamente donde el peronismo obtuvo sus mayores caudales de votos en las elecciones presidenciales.
Seguramente, la Vicepresidenta, desde el Senado, apoyará los reclamos de Kicillof ante la Casa Rosada. El Congreso tendrá que dictar leyes y convalidar DNU para contener y encauzar una economía en crisis. En el Senado, el nuevo oficialismo tiene mayoría simple. No tendrá que negociar para sancionar leyes, pero si para alcanzar la mayoría calificada de dos tercios, como requieren las designaciones de jueces y embajadores, y los ascensos de los mandos militares.
En diputados hay una relación de fuerzas más pareja. Pero no le será demasiado difícil al oficialismo alcanzar la mayoría con los disidentes del peronismo y los legisladores de los partidos provinciales.
Más allá de las posiciones sobre el aborto, seguramente El Vaticano y el Episcopado local seguirán impulsando el dialogo, el acuerdo, salir de la grieta y una mayor justicia social. La Casa Rosada tendrá oídos atentos frente a las sugerencias de los obispos, por lo cual se puede anticipar una mejor relación entre el nuevo gobierno y la Iglesia.
Pero el desafío central estará en la política exterior: mantener una buena relación con la Casa Blanca y mejorar el dialogo con Brasil, mientras que los gobiernos de Cuba y Venezuela seguirán elogiando al kirchnerismo.
Es un dilema, pero en última instancia la política está para resolverlos, y eso será el desafío de Alberto Fernández en el año que se inicia.
*Director del Centro de Estudios Uniónpara la Nueva Mayoría
