"Los hechos demuestran que no es un mito que sean buitres", dijo Presidencia de la Nación en respuesta a una guerra de solicitadas con fondos buitres.
El Gobierno nacional volvió a criticar a los holdouts al sostener que "los hechos demuestran que no es un mito que sean buitres" y acusarlos de "extorsionar para obtener una ganancia de más de 1.600%".
La administración central lo hizo a través de una solicitada publicada esta mañana en diarios de tirada nacional, tras la difundida ayer por los mismos medios de comunicación con la firma de la American Task Force Argentina (ATFA) -el grupo más duro de tenedores de los bonos en default-, que replicaba afirmaciones del Gobierno.
Con el título "Fondos buitre: los hechos demuestran que no es mito que sean buitres" y la rubrica de la "Presidencia de la Nación", el Ejecutivo acusó a la AFTA de injuriar y amenazar "públicamente" al país, con el objetivo de "extorsionar para obtener una ganancia de más de 1.600%".
La administración central rechazó que el país "se niegue a negociar con los holdouts y elija el default", que pueda avanzar en un acuerdo "sin afectar las reservas de manera significativa" y que los "fondos buitre" estén "dispuestos a otorgarle mayor tiempo a la República (Argentina)".
El Gobierno aseguró que "ha dado sobrada evidencia de su capacidad de negociación" y añadió: "No caben dudas de que los únicos acreedores que jamás quisieron negociar con Argentina son los fondos buitre, justamente porque su negocio es la extorsión judicial, y no la negociación en condiciones justas, legales y equitativas para ambas partes".
La Presidencia también menciona la "cláusula RUFO", que permite a los bonistas que entraron en los canjes de 2005 y 2010 reclamar si otros acreedores reciben una oferta mejor que la que ellos aceptaron en su momento. "Bastaría con que sólo el 80% de los holdouts consiguiera el mismo trato que los buitres para que esa suma (por los US$ 1.500 millones que el juez Thomas Griesa obliga a pagar) se transformara en US$ 15.000 millones", insistió el Ejecutivo. Y completó: "Además, si el 92,4% de los bonistas que entraron en el canje reclamaran lo mismo, Argentina podría afrontar juicios por valores que algunos especialistas estiman en más de US$ 500.000 millones y, como mínimo, se ubicarían en los 120.000".
"Los fondos buitre y el juez Griesa pretenden que un acreedor solvente y líquido como la República Argentina, que cumple sistemáticamente con sus compromisos financieros, ingrese en cesación de pagos", acusó. Y concluyó: "El sistema financiero internacional debería encontrar un nuevo término para definir la imposibilidad para cobrar de parte de un acreedor lo que legítima y legalmente le corresponde por acciones o por interferencias de terceros".
Con DyN
11-7-2014
