Aumentarán la asignación por hijo y darán créditos baratos. No tocarán Ganancias para financiar 40% más de gasto. Temor a despidos.
Lejos de un escenario que hasta la primera parte del año ilusionaba con el cierre de negociaciones internacionales y vuelta a los mercados, el default-que-no-es-default llevó al Gobierno a poner a punto una serie de medidas para estimular el consumo y la
demanda y minimizar al máximo la pérdida de empleo y producción y alejar así cualquier reminiscencia con el 2001.
Para esto, lo principal para el oficialismo es apuntalar los sectores de menores ingresos. El jueves, Cristina Fernández dio a conocer el segundo aumento para las jubilaciones: 17,21% a partir de septiembre, una suba que se garantiza por ley aunque el anuncio siempre se intenta capitalizar.
Con el aumento del 30% anual para jubilaciones –por debajo de la inflación y después de que la primera cuota quedara erosionada por la devaluación de enero–, el paso siguiente es aggiornar la Asignación Universal por Hijo. Asesores del Palacio de Hacienda confirmaron que “se está trabajando en el aumento” en el marco de una política de “estímulo a los sectores vulnerables”, de menores ingresos, donde hay aumentos como el del transporte que ya pegaron fuerte.
La inversión del Estado para cubrir este aumento jubilatorio implica unos $ 93 mil millones más volcados a consumo. Una suba de la AUH implicaría unos $ 7 mil millones más con un aumento del 30%. Pese a la presión de los gremios, el Gobierno no estudia de momento modificaciones en el impuesto a las ganancias porque es una de las principales fuentes de recaudación, necesaria en un contexto de aumento del gasto público del 40% para alejar un impacto en la economía del “fantasma del default”. Este escenario, y un Presupuesto por demás conservador –estimaba, por ejemplo, una suba de 22% de las jubilaciones–, llevó a Cristina Fernández a ampliar las partidas por $ 199.044,5 millones, según se publicó el viernes en el Boletín Oficial.
En tanto, para sostener el empleo, uno de los sectores más alicaídos es el automotriz, para el que en Economía trabajan en subsidios cruzados a través de las automotrices a los concesionarios –por fuera del plan oficial ProCreAuto–, algo que algunas terminales ya habían comenzado a poner en marcha, como Toyota, por la caída del 35% en las ventas internas. El mayor riesgo es que las suspensiones que impactan en esa cadena se transformen en despidos.
Para los empresarios, no es una situación inocua: financiamiento más caro, importaciones restringidas y más cepo. “Ya estábamos en default táctico porque las proveedoras habían tomado resguardos antes de que se declarara el default. Las importaciones antes se pagaban en noventa días, y ahora es cash o por adelantado. Además, las empresas que tenían DJAI paradas dejaron de reclamarlas. Si se dispara el dólar paralelo, no hay posibilidad alguna de política de reposición”, señaló el director institucional de la Cámara de Importadores, Miguel Ponce.
Desde la visión del Gobierno, el Banco Central tiene posibilidades de controlar una corrida contra el peso. Pero ese escenario implica mantener las tasas altas –o incluso subirlas un par de puntos– para evitar que se presione al dólar blue. Tras la devaluación, obligaron a los bancos a vender posiciones en dólares y –frustrada la solución Adeba al problema de los fondos buitre– podrían retomar ese camino.
Las presiones devaluatorias, el aumento o sostenimiento de la tasa de interés a niveles altos y las expectativas económicas más bajas son los efectos que, de continuar el default, pronunciarán la caída de la actividad, según el director de abeceb.com, Dante Sica. “Mayor presión sobre el tipo de cambio, mayor control del Gobierno sobre las divisas para no perder reservas, la posible instrumentación del Gobierno de una política fiscal que incentive la actividad y genere más emisión y mayor presión inflacionaria” forman parte del escenario futuro para el economista.
“Los buitres quieren crear una situación de miedo, de caos, pero la Argentina no está tomando crédito externo. Esto no afecta a la vida cotidiana. Vamos a tener los mismos problemas que todos los días”, señaló días atrás el titular de la CNV, Alejandro Vanoli, en medio de una convocatoria a un cabildo abierto que no llegó a movilizar a las masas el miércoles pasado y donde una de las consignas fue: “Ninguna deuda es más importante que la deuda con el pueblo”
Control de precios creciente
En época de consumo cauteloso y retraído, el Gobierno decidió echar mano a leyes abandonadas o mal aplicadas para evitar que las subas de precios y los oligopolios sigan alimentando la inflación:
La puesta en marcha de una nueva oficina de Defensa del Consumidor, bajo el área de Comercio de Augusto Costa, es uno de los pasos básicos contra las empresas oligopólicas. Incluirá una instancia de conciliación obligatoria entre empresas y usuarios, una mediación y un “defensor oficial”.
Modificarán la Ley de Abastecimiento para evitar faltantes y actualizar multas y prevé indemnizaciones que van de 55 mil a 220 mil pesos.
Para los medicamentos, hay cinco proyectos del oficialismo en el Congreso para regular el sector. Uno es el de la diputada Gloria Bidegain, que propone modificar la ley de genéricos para que los médicos sólo receten los medicamentos por su nombre genérico. Esta iniciativa se complementa con una iniciativa para coordinar bajo una agencia los 39 laboratorios del Estado, otro proyecto de regulación del mercado publicitario y uno de receta electrónica.
