El crecimiento del Estado como empleador se sostuvo a base de contratos temporarios, tercerizaciones y pagos en negro, entre otras irregularidades.
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El crecimiento del Estado como empleador, en 40% desde que asumió Néstor Kirchner, se sostuvo a base de contratos temporarios, tercerizaciones y pagos en negro, entre otras irregularidades, que derivaron en una situación poco común: el sector público es el de mayor conflictividad de la economía.
Según las estimaciones sindicales, hay unos 70 mil contratos que vencen en la Administración Nacional a fin de año. El último plan de pase a planta que el gremio UPCN acordó con el Gobierno el año pasado sólo cubre a poco más del 10%. Pero además de la incertidumbre sobre la continuidad de los puestos de trabajo que deben ser renovados por la próxima administración, el Estado, como mayor generador de empleo, también llevó adelante las prácticas de flexibilización y precarización que el Gobierno denosta en los discursos.
Sobre 232 conflictos laborales en el primer trimestre del año, 127 se llevaron adelante en el sector público, sostiene el último informe de Cifra de la CTA. Y la mayoría se dio en el ámbito provincial. Los conflictos, impulsados por las demandas salariales a principio de año, “se reparten equitativamente entre los sectores de salud, educación y administración provincial”.
Además de los contratados que en muchos casos llevan años desarrollando tareas que corresponden a la “planta permanente”, en las reparticiones del Estado hay pagos en negro bajo las “sumas no remunerativas”, como en el caso de Migraciones, que depende del Ministerio del Interior, donde hasta el 60% de los salarios se cobra sin aportes al mismo fisco empleador. Entre las irregularidades, también hay contratos con cooperativistas que no se actualizan, como en el caso del programa Argentina Trabaja, que “estuvo dos años “planchado” hasta que el año pasado se definió un aumento del 30% hasta los $ 2.600”, que hoy ya fueron licuados por la inflación, explicó Gustavo Giménez, coordinador nacional del MST Teresa Vive.
En el Ministerio de Trabajo que dirige Carlos Tomada, el 70% de los trabajadores está bajo contratos que vencen a fin de año. En total hay 4.500 empleados y este año, según la negociación que llevó adelante el gremio oficialista, UPCN, se abrieron concursos para regularizar a 1.800 empleados. El riesgo, explica Sebastián Scarano, secretario adjunto de la Junta Interna de ATE en Trabajo, es que el proceso no llegue antes de las elecciones. En Economía, hay una situación no muy diferente: unos 1.500 contratados de universidades que facturan como monotributistas.
Otro icono del Gobierno, como Tecnópolis, también es foco de reclamos: estudiantes de Exactas de la UBA piden que les reconozcan un régimen al menos de pasantía para tener días de estudio por examen.
Por Patricia Valli | Esta nota fue publicada en la Edición Impresa del Diario Perfil
