Por Patricia Valli |Mientras analizan el pago de los juicios a jubilados, el Gobierno estudia el impacto en el gasto de la expansión de la cobertura.
La idea de vender las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del sistema previsional que administra la Anses no es nueva en el Gobierno. La semana pasada el titular de Anses, Emilio Basavilbaso, anticipó la idea del Mauricio Macri de pagar todos los juicios pendientes, un dulce para miles de jubilados en litigio por actualizaciones. Y para financiarlo, puso sobre la mesa la posibilidad de desprenderse de esa participación en empresas privadas.
“Estamos pensando si tiene sentido que la Anses tenga acciones en tantas empresas o si hace más sentido que ese dinero se utilice para planes sociales o para dar alguna contención”, señaló el funcionario que, días más tarde, dio marcha atrás: la Anses no venderá las acciones y el Estado mantendrá directores, pero “no se utilizarán para adoctrinar sobre el modelo económico”, dijo entonces a Infobae.
Ahora la Anses deberá definir cómo financiar entonces la promesa macrista: pagar los 50 mil juicios con sentencia firme de este año y otros 300 mil que siguen abiertos.
De todas formas, la participación accionaria está en revisión y el Gobierno debería derogar la ley “cerrojo” que le dejó Cristina Fernández para que no pueda modificarse la participación estatal en empresas privadas sin que lo aprueben dos tercios de las Cámaras en el Congreso, una mayoría que está lejos del Ejecutivo. Una vez allanado ese obstáculo, deberían presentar su proyecto para modificar la composición accionaria.
El cerrojo que dejó el kirchnerismo tiene su punto de partida en los planes que el macrismo había revelado incluso antes de la campaña electoral. Fue en un Coloquio de IDEA en Mar del Plata, en 2014, cuando Francisco Cabrera, hoy ministro de Producción y entonces presidente de la Fundación Pensar –el think tank macrista– expresó la idea de “vender en bloque las acciones de empresas del FGS a fondos de pensión internacionales, que podrían elegir colocar directores con el objetivo de maximizar el valor de las compañías”.
Cabrera fue fundador y CEO de la Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AJFP) Máxima, que desapareció tras la estatización de los fondos previsionales que le permitieron al Gobierno heredar las inversiones en acciones. “El dinero en efectivo que ingresaría al FGS significaría un ingreso neto de divisas y se podría reinvertir con una estrategia de renta fija, ya sea deuda corporativa, papeles comerciales o hasta inclusive un bono de infraestructura”. En ese momento no se hablaba de pagar juicios adeudados.
Pero incluso más atrás en el tiempo un estudio de la Fundación Pensar, encabezado por un ex asesor de Domingo Cavallo en el Congreso, Lucas Ronconi, empezaba a delinear la “reforma jubilatoria”. El trabajo concluía que aún “en el caso más optimista, de alta rentabilidad del FGS, y suponiendo que no se resuelven los problemas pendientes, calculamos que hacia 2030 el déficit del sistema alcanzaría 3 puntos porcentuales del PBI y el FGS se agotaría en el año 2020”.
Según el análisis, la expansión de la cobertura fue una de las causas del aumento del gasto. De hecho, el Gobierno ya prepara un proyecto para poner fin a las moratorias y generar una “universalización” de jubilaciones distinta, aunque admite que con los planes anteriores se llegó a una cobertura del 97%.
“La absorción de las AFJP” generó que “el Estado deberá hacerse totalmente cargo de financiar la jubilación de las personas que tenían sus ahorros acumulados en ellas”, pondera el análisis de Pensar.
Pero el Gobierno deberá atacar el problema del empleo en negro, que no contempla aportes. Su mismo think tank lo reconoce. “Los ingresos tienen un techo producto de la informalidad laboral que los años de crecimiento no lograron reducir de forma significativa”.
