La Cámara Alta convirtió en ley con 43 votos a favor y 15 en contra la iniciativa con la que el Gobierno busca reactivar la obra pública.
El Senado dio sanción a la ley que crea el Régimen de Participación Público-Privada, enviado en segunda revisión por la cámara Baja, y por el cual el gobierno busca reactivar la obra pública en el país.
La iniciativa fue aprobada por 43 votos afirmativos contra 15 negativos, y dos abstenciones (del peronista Mario País y la representante del Movimiento Popular Neuquino Lucila Crexell) .
Tanto el presidente de la comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte, el peronismo Carlos Espínola, como su par de la comisión de Asuntos Administrativos y Municipales, el radical Alfredo Martínez, fueron los encargados de defender la iniciativa y los cambios realizados en la Cámara Baja.
Al respecto, Martínez remarcó que fue "una ley muy trabajada" por ambas Cámaras legislativas y "enriquecida" en la Cámara Joven, para recordar que "el Senado realizó treinta modificaciones y más de treinta la Cámara de Diputados". En cambio, la también radical Silvia Elías de Pérez sólo vindicó "el trabajo del Senado" porque -según opinó- "los cambios de Diputados no es más que un simple maquillaje" ya que el texto enviado por los senadores contenía cláusulas en defensa del trabajo argentino, las PYMES, y el medio ambiente, así como controles, aunque dijo que los diputados le sumaron la creación de una comisión bicameral para controlar los convenios entre privados y el Estado.
Por su parte, la kirchnerista María Labado y la adolfista Liliana Negre coincidieron en rechazar que los cambios incluidos en diputados fuera sólo un maquillaje, reconocieron que en la nueva versión se incorporaron puntos concretos en "defensa de la industria nacional", dijo la santacruceña, y "garantías suficientes para el Estado argentino", remarcó la puntana.
Pero, mientras Labado anunció que mantendrá su voto negativo porque se dejó lado cuestiones vinculadas con el respeto a los convenios colectivos de trabajo locales, Negre adelantó el voto positivo en general de su sector, aunque con alguna disidencia en particular en el articulado de la norma. Al respecto, el jefe de la mayoritaria bancada del PJ-FpV, Miguel Pichetto, volvió a destacar la versión del Senado sancionada en setiembre pasado y recordó que ya contaba con protección del trabajo y de la seguridad social, na. cláusula de subcontratación de empresas PYMES y provinciales y con el control de la AGN.
Y dijo que espera que la sanción de la ley signifique el incremento del nivel de inversiones, la creación de trabajo y de mejoras en infraestructura en todo el país.
En cambio, el senador por Proyecto Sur Fernando Solanas volvió a fustigar la ley, al señalar que la nueva versión "es cierto que ha venido con algún maquillaje, pero no cambió el sentido de la ley" y remarcó que la norma propuesta "ratifica el Estado rebobo, que se endeuda y no obtiene ningún beneficio". En similar sentido, se pronunció el kirchnerista Marcelo Fuentes, quien ya había votado en contrario en el debate anterior y volvió a ratificar su voto negativo.
En líneas generales, la sanción de la Cámara Baja, aprobada en el Senado, incorpora al proyecto la creación de una comisión bicameral de carácter consultivo de los acuerdos que se irán realizando, establece la obligatoriedad de que al menos el 33 por ciento de los bienes y servicios utilizados en las respectivas obras sean de origen nacional, así como una mayor participación de las PYMES locales en las obras, y la utilización para la inversión de los fideicomisos existentes y que los contratos con el nuevo régimen alcancen hasta el 7 por ciento del PBI.
