Opinión. Por Juan Carlos de Pablo |
Desde el punto de vista de la política económica este gobierno comenzó el 25 de mayo de 2003, porque Cristina Fernández de Kirchner continúa los lineamientos vigentes desde la presidencia de su esposo. Es más, desde la salida de Roberto Lavagna del ministerio de economía, quien quiere saber cómo posicionase con respecto a las medidas del gobierno en materia económica, le presta muchísima más atención a Néstor Kirchner que a quien ocupa el despacho del ministro de economía.
Por eso cabe plantear: ¿qué llevó a las actuales autoridades, a reabrir el canje de la deuda externa cerrado en 2005, canje que fuera aceptado por aproximadamente 3 de cada 4 tenedores de títulos públicos elegibles, para lo cual tuvieron que modificar la legislación aprobada antes, según la cual el canje de 2005 era “la última oportunidad” que tenían los tenedores de títulos defaulteados para aceptar la oferta gubernamental?
No, por supuesto, un acto de misericordia o de convicción de que “a los pobres tenedores de títulos públicos” hay que darles una nueva oportunidad. Porque los gobiernos nunca hacen eso, y porque tampoco cabe esperarlo del estilo K.
La verdadera razón tiene que ver con el hecho de que, para la estrategia del oficialismo, la financiación de los gastos públicos (el gasto público primario aumentó 38% entre marzo de 2009 e igual mes de 2010) necesita la totalidad de la recaudación impositiva, las ganancias del Banco Central y los “préstamos” del Banco de la Nación, pero como esto no alcanza también necesita que el Estado nacional pueda volver a emitir nuevos títulos, contra los cuales conseguiría plata fresca.
Esto se entiende. Por convencimiento propio, por asesoramiento de los bancos que están interviniendo en la operación (pero en este caso el asesoramiento no sería objetivo), o por ambos, el Poder Ejecutivo concluyó que no puede salir a colocar nueva deuda mientras los holdouts sigan dando vueltas por ahí, tratando de conseguir algún fallo del juez Griesa a su favor.
En ésta y las próximas semanas altos funcionarios del ministerio de economía recorrerán plazas financieras importantes, hablando de las bondades del nuevo canje, asegurando también -como en la anterior ocasión- que ésta será la última oportunidad. Según se lee en los diarios, una importante proporción de los actuales tenedores de títulos le dijeron al gobierno que aceptarían la propuesta.
Pero si estoy en lo cierto, el intercambio de títulos es para el gobierno meramente instrumental, porque lo que verdaderamente les interesa es poder colocar nueva deuda.
Como su nombre lo indica, colocar nuevos títulos de deuda en el mercado voluntario implica que los referidos valores son suscriptos por alguien a quien la operación le resulta tan interesante en sí misma, que ignora otro tipo de consideraciones para aceptarla o no. De la misma manera que yo elijo dónde comer pizza o comprar pañuelos sin tener que prestarle atención a si el pizzero o el mercero compran mis libros o secuestraron a alguno de mis parientes.
La pregunta del millón es la siguiente: fuera de algún condicionamiento, como puede ser que para acceder al nuevo canje fuera necesario suscribir antes un nuevo título; ¿alguien le comprará “a los Kirchner” nuevos títulos de deuda?
Surgen 2 respuestas, que nada tienen que ver con escuelas económicas (como ortodoxia o heterodoxia, monetarismo o estructuralismo, etc.), sino con aquellos economistas que analizan al gobierno y su política económica desde una perspectiva general por un lado, y aquellos que focalizan su atención en la operatoria de los mercados de capitales.
Los primeros le prestan atención al congelamiento de las tarifas, a la estatización de los fondos de las AFJP, al funcionamiento del INDEC, etc., y definitivamente dicen que nadie le va a comprar a este gobierno título publico alguno, ofrecido en los mercados voluntarios de deuda.
Los economistas que están más cerca de los mercados de capitales, así como los operadores de los referidos mercados, no son tan contundentes. Ellos miran el funcionamiento concreto de los mercados de capitales y concluyen que se compran y venden títulos según y conforme, es decir, en función de la disponibilidad de fondos que existe en cada momento, y las alternativas disponibles.
Los economistas que están cerca de los mercados financieros saben que, particularmente en las actuales circunstancias, las condiciones para absorber o no nuevos títulos argentinos, son muy cambiantes. Los mismos “mercados” que pueden estar receptivos pueden dejar de estarlo, o viceversa, dependiendo de la evolución de la crisis de Grecia y su probable contagio a Portugal y España.
También apuntan a que el atractivo de los títulos depende de su rendimiento, con relación al de las alternativas. Y que el referido rendimiento se puede disimular vendiendo los títulos con descuento, para que “la gilada” crea que el Estado argentino se puede endeudar a un dígito anual de tasa de interés, cuando el verdadero rendimiento es mayor porque el emisor entrega los títulos a valor inferior al nominal.
Consiguientemente, la cuestión del futuro endeudamiento del Estado argentino es una cuestión abierta, que depende de circunstancias internas pero también internacionales. Como el resto de los argentinos, tanto en cuanto tenedor de pesos como contribuyente impositivo, sigo la cuestión con atención, porque sé que el actual gobierno no reemplazará lo que consiga en el mercado voluntario de deuda con menor uso de las ganancias del Banco Central o préstamos del Banco de la Nación Argentina, sino que utilizará unos y otros.
Porque la clave de la política económica está en una afirmación de Néstor Kirchner, de mediados de diciembre de 2009, según la cual “el PBI real tiene que aumentar 7% en 2010, para lo cual inyectaremos fondos en las calles”. Para lo cual necesita todo lo que pueda obtener del Banco Central, del Banco de la Nación Argentina, y también de la colocación de nuevos títulos de deuda.
7/5/2010
