Opinión. Por Juan Carlos de Pablo
Por iniciativa de la oposición, el Congreso analiza que la jubilación mínima equivalga automáticamente a 82% del salario mínimo. La iniciativa es nítida, muy sencilla de implementar, y es “vendida políticamente” como el primer paso para implementar, de una buena vez, lo que en 1958 dispuso la ley 14.499: el “82% móvil”, como se denomina al hecho de que en todo momento el jubilado cobre 82% de lo que cobra el asalariado que lo reemplazó en su puesto de trabajo, cuando aquel se jubiló.
Hagamos un poco de historia antes de, en ejercicio de la responsabilidad profesional, aparecer como “el malo de la película”. En la Edad Media el agricultor –si no moría joven pensaba cómo viviría los últimos años de su vida, cuando sus energías flaquearan. La solución pasaba por tener muchos hijos, algunos de los cuales morirían a poco de nacer, rezando para que algunos de los que sobrevivieran lo cuidarían cuando llegara a viejo. “Como agua para chocolate” documentó esto de manera magnífica.
Con el tiempo aparecieron las mutuales, es decir, relaciones entre privados para solucionar un problema común. Hasta que en Alemania, alrededor de 1860, Otto Bismarck inauguró el sistema jubilatorio estatal.
Como ocurre con frecuencia, la iniciativa apareció en la Argentina favoreciendo primero a algunos sectores, siendo luego generalizada y por último “universalizada”. Así, los empleados públicos tienen sistema jubilatorio desde 1904, los ferroviarios desde 1915, los de los servicios públicos desde 1921, los bancarios desde 1923, los periodistas desde 1939, etc. Juan Domingo Perón, entonces, no creó el sistema jubilatorio, sino que lo extendió a los asalariados del comercio y la industria. La universalización (en el sector formal de la economía) apareció mucho después.
La introducción de un régimen jubilatorio, como su extensión o universalización, al comienzo genera superávit, porque se le cobra a todos pero la gente se jubila con el correr del tiempo. Perón “vació” las cajas, como ocurre en todo el mundo, pero le pagó 2% anual de interés a los fondos tomados con títulos públicos, cuando la tasa de inflación era 2% mensual.
Desde fines de la década de 1950 el sistema dejó de ser superavitario. Fue precisamente en este contexto cuando se introdujo el “82% móvil”. No hay que ser un genio para advertir que si, en el mejor de los casos, la suma del aporte personal y la contribución patronal equivale a 27% del salario, se necesitan por lo menos 3 aportantes (denominados activos) por cada jubilado (denominado beneficiario, o pasivo).
No sé si esto era así en 1958, pero sí sé que, como consecuencia de la dinámica demográfica, la informalidad laboral (40% del mercado laboral es negro o paralelo) y el hecho de que varios gobiernos, incluido el actual, incorporaron al “club” de los jubilados a muchísimas personas que nunca aportaron pero igual cobran, hoy la Argentina tiene más de 6 millones de jubilados (en un país con alrededor de 40 millones de habitantes).
La relación entre aportantes (asalariados formales) y jubilados no debe ser hoy superior a 1,5. Pero si esto es así, multiplicando 27% por 1,5 significa que –en ausencia de masivas transferencias del resto de la comunidad, a los nonos y las nonas– la jubilación no tiene más remedio que equivaler a ¡la mitad! de lo que dispuso la ley 14.499.
Como consecuencia de lo cual el sistema “navega”, entre poderes ejecutivos que incumplen la legislación, demorando los ajustes correspondientes; jubilados que hacen juicios, que naturalmente ganan; poderes ejecutivos que declaran al sistema previsional en “emergencia”; nuevos juicios; pagos con títulos, etc.
Esto es evidente, pero nadie se atreve a plantearlo de manera explícita porque el dirigente político que promueva legislación para que el 82% móvil se convierta en 41% móvil, sería crucificado no solamente por los jubilados y pensionados, sino también por la prensa y toda persona que se precie de tal y que por supuesto desvincula sus opiniones de lo que tendría que aportar (qué tal si las encuestas, en vez de preguntar “¿qué debería ocurrir con las jubilaciones?”, preguntara “¿cuánto pondría de su bolsillo, para aumentar las jubilaciones?”).
La oposición no solamente no quiere introducir la realidad en una legislación que quedó desactualizada, sino que busca implementar el 82% móvil de manera aparentemente paulatina.
Nuevamente, algunos datos permitirán advertir que en la Argentina 2010 la reforma no tiene nada de paulatina. En el momento de escribirse estas líneas el salario mínimo es de $ 1.500 mensuales, lo cual implica que –según la iniciativa en consideración– la jubilación minima debería ser de $ 1.230. Esto significa aumentar casi 40% a esta última.
Ahora bien, como consecuencia de los aumentos jubilatorios diferenciales, desde el abandono de la convertibilidad se produjo tal achatamiento en los beneficios jubilatorios que hoy más de 80% de los jubilados percibe la jubilación mínima. Esto quiere decir que, de aprobarse la iniciativa, más de 80% de los 6 millones de jubilados vería aumentado sus ingresos casi 40%.
El dato que falta es que “seguridad social” es el mayor ítem de gasto, dentro del gasto público primario del Estado nacional. En 2009 las erogaciones para pagar jubilaciones y pensiones equivalieron a 40% del total del gasto primario.
De manera que la iniciativa en consideración implica aumentar casi 40% lo que reciben por lo menos 80% de los jubilados, que hoy absorben 40% del gasto público primario del Estado nacional.
“Entre los números y la gente me quedo con la gente”. Gran bobada, no importan los títulos universitarios que tengan quienes la repiten. Los números sirven para entender el problema. Los legisladores harían bien en considerar el claro mensaje que surge de estos guarismos, antes de ilusionar una vez más a los jubilados y pensionados, para que la realidad los vuelva a desilusionar.
25/6/2010
