No hay que caer en la trampa de debates totalizadores.
Opinión. Por Juan Carlos De Pablo *
En la Universidad Católica Argentina, a comienzos de la década de 1960 mis profesores me explicaron que los productores agropecuarios no hacían cálculo económico, y que consiguientemente la oferta del sector era inelástica con respecto a los precios; mientras que la industria era sinónimo de modernización, creación de empleo genuino, etc.
La primera afirmación entró en crisis a partir del 2 de abril de 1976, cuando al lanzar su programa económico José Alfredo Martínez de Hoz anunció que el trigo que se estaba por sembrar se comercializaría sin pagar derechos de exportación. Y, para sorpresa de mis profesores y también la mía, los productores se pusieron a “fabricar” trigo con gran entusiasmo. Hoy, en volumen, la producción agrícola es 5 veces la de hace 35 años; y en valor real mucho más. El agro actual no es el de hace medio siglo, ni en respuesta de los productores a los incentivos, ni en tecnología y maquinaria utilizada, etc. Al mismo tiempo la producción manufacturera actual tampoco es la de hace medio siglo, de manera que agro e industria hoy pelean cabeza a cabeza en el plano tecnológico, de empleo, etc.
Sobre este último tema, seguir preguntándonos quién genera más empleo, si el agro o la industria, ignora que en la actualidad el grueso de los puestos de trabajo lo genera el sector servicios (y en los últimos tiempos, el sector público).
Pero en la Argentina 2011 seguir el análisis en este plano es una distracción frente a la cuestión fundamental. La cual está planteada en el título de estas líneas.
Al respecto la primera cosa que hay que hacer es no caer en la trampa de los debates totalizadores, apriorísticos, que encima leen la historia como les parece. En la Argentina 2011 el debate no es Estado versus mercado, como pretenden plantear quienes encuentran atractiva la acción gubernamental. En el reciente debate sobre la medicina prepaga, donde dicho sea de paso no hubo un sólo diputado que votara en contra de una iniciativa que en principio es nefasta, la cuestión se planteó como una regulación, cuando de lo que se trata es de una modificación unilateral de las condiciones en las cuales se celebró un contrato, con la utópica esperanza de que nada del resto se va a modificar.
El economista Larry Sjaastad afirma que “hay 2 clases de empresas: las privadas y las públicas. Las empresas privadas son las que controla el Estado, las empresas públicas son las que no controla nadie”. Cuando pregunto de quiénes son, al final, las empresas privadas que todavía existen en nuestro país, no me refiero a la necesidad de pagar los impuestos, proveerle una silla a cada asalariado y que cada rollo de papel higiénico contenga el número de metros que se indica en el envase. Me refiero a que, aquí y ahora, lo que cada empresa pueda importar depende de lo que se le ocurra, de la noche a la mañana, al secretario de Comercio; lo que pueda distribuir como dividendo y enviar al exterior como remesa, también depende de lo que se le ocurra, nuevamente de la noche a la mañana, a quienes manejan al Banco Central (sin que ninguna crisis de balanza de pagos lo justifique). A lo cual agrego el destrozo que las políticas públicas generaron en el caso de la carne vacuna y el sector energético (estamos importando productos energéticos por el equivalente a 15% del valor total de las importaciones).
Me gusta distinguir entre trabajar y estar ocupado. Un empresario trabaja cuando piensa en los consumidores, en la tecnología y en sus competidores; y está ocupado cuando se pasa el día en las oficinas públicas, la cámara que reúne a los productores o las conferencias de los economistas. Como trabajar y estar ocupado son destinos alternativos de su tiempo, el empresario se dedicará a una cosa o a la otra, dependiendo de la rentabilidad esperada.
Pues bien, increíble cantidad de energía empresaria está hoy ocupada en gambetear las disposiciones y/o los humores de los funcionarios a cargo de los aspectos económicos de la realidad. Se inventan marcas, se disimulan producciones, se realizan publicidades inexistentes, etc.
Todo esto afecta el denominado “clima de inversión”. Más allá de las chanzas de algunos funcionarios, que creen que “como la economía vuela” todo lo que se dice en estas líneas es producto de no sé qué propósito inconfesable, el drama que tenemos en la Argentina, desde hace algún tiempo, es que somos dueños de los autos que compramos (si no nos los roban), somos dueños de los departamentos que compramos (si no nos los ocupan), pero no nos sentimos dueños de las fábricas que instalamos o ampliamos. Y en estas condiciones sólo invierten aquellos que tienen proyectos tan pero tan rentables, que parecen ser a prueba de la incertidumbre reinante, o quienes consiguen dineros públicos a través de créditos subsidiados.
Algún día, en nuestro país, volveremos a discutir qué hacer dado China, qué hacer dado Brasil, etc. Cuestiones diferentes, ninguna de las cuales resulta fácil de desentrañar, pero de las cuales dependemos muy fuertemente. Pero la forma en la cual el gobierno (no solamente el Poder Ejecutivo) se involucra con los aspectos económicos de la realidad, coloca todo esto en un segundo plano.
La dirigencia empresaria no puede ignorar esto, pero salvo en el caso del sector agropecuario en 2008, no parece estar a la altura de las circunstancias. No se trata de pedirles a los empresarios que tengan objetivos políticos, porque ellos tienen objetivos empresarios. Se trata de que calibren adecuadamente la forma en la cual defienden sus objetivos empresarios. ¿Terminarán entregándole al Estado sus fábricas y oficinas, con tal de que el gobierno de turno los salve del “neoliberalismo”?
* Economista. Columnista de Revista Fortuna
16/5/2011
