Pese a autorizar el pago de bonos europeos, el magistrado es el nuevo enemigo público de la Casa Rosada. El mediador, un abogado del diablo.
Mientra la Justicia norteamericana ordenó que se siga “buscando una solución con prontitud”, el gobierno argentino defenestró los dichos del juez Thomas Griesa en la última audiencia mantenida con representantes de Argentina y los fondos buitre. En un fuerte comunicado, el Ministerio de Economía afirmó hoy que “insistirá” con el reemplazo del mediador Dan Pollack y le solicitó a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) que investigue posibles maniobras especulativas, tras la autorización del pago del seguro de default por parte de la ISDA.
El Palacio de Hacienda rechazó las disposiciones de Griesa, a quien volvió a acusar de “favorecer” a los fondos buitre, tras las duras consideraciones que tuvo el magistrado.
“Una vez más, el juez llamó a una audiencia para no resolver absolutamente nada en relación a los fondos de terceros que mantiene inmovilizados”, se quejaron las autoridades, poco después de que el magistrado neoyorquino autorizara hoy “por única vez” a las entidades europeas Euroclear y Clearstream, a distribuir el pago recibido por el Citibank, para la cancelación de bonos emitidos por Argentina en dólares bajo legislación local.
No obstante, la orden indica que “el resto de las instituciones financieras deben mantener el dinero congelado”.
“Lejos de mantener el estatu quo, como lo ha denunciado la República, vuelve a favorecer a los fondos buitre, en dos sentidos", sostuvo el ministerio a cargo de Axel Kicillof, quien desde el miércoles profirió todo tipo de cuestionamientos al fallo del tribunal.
El parte reiteró que “al impedir el cobro a algunos de los bonistas del canje, (el juez) pretende someter a la Argentina a una verdadera extorsión para que pague a los fondos buitre lo que pretenden, aún cuando el propio juez sabe perfectamente que tal pretensión implica la violación de la Ley argentina, así como de los contratos con el 92,4% de los bonistas que ingresaron al canje (cláusula RUFO)”. “Puede ser ésta una maniobra encaminada a que los fondos buitre, directamente o a través de otras sociedades, cobren seguros de default que ellos mismos han reconocido que tienen”, consideró.
“Lo actuado por el juez hasta el momento revela que su actitud, lejos de impartir justicia y generar condiciones equilibradas entre las partes, busca favorecer a los fondos buitre”, reiteró.
El dossier adelantó que la Comisión Nacional de Valores “solicitará a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) información precisa sobre las transacciones con esos títulos, para investigar si los propios fondos buitre, por sí, o a través de terceros, obtuvieron ingentes beneficios al no alcanzar un acuerdo”.
Todo mal. En cuanto a Pollack, en Economía argumentaron que “el mediador se ha excedido absolutamente en sus incumbencias y atribuciones al calificar de 'default' al impedimento de cobro que el mismo juzgado de Griesa impuso a algunos bonistas”.
Pollack “ha demostrado a través de su último comunicado una manifiesta parcialidad en favor de los fondos buitre”, siguió el comunicado reproducido por la agencia DyN.
“No es mérito de Pollack que el ministro de Economía se haya reunido con los fondos buitres, sino una muestra de buena fe de la Argentina, en el marco de la incapacidad de aquél como mediador para encontrar una solución que no sólo beneficie a los fondos buitres”, continuó.
Primeros pagos. Esta mañana, la Asociación Internacional de Seguros contra Default y Derivados (ISDA) declaró oficialmente a Argentina en default, con lo que activó los pasos para abonar unos 1.000 millones de dólares.
“La falta de pago constituye un evento de crédito para la República Argentina”, calificó la ISDA con el voto unánime de los 15 integrantes de su Comité Ejecutivo. El fondo Elliot, favorecido con la sentencia de Griesa, es asociado y suscriptor de ISDA y votó a favor del pago del seguro.
El comité de esa entidad se reunió a pedido del Banco Suizo UBS, para considerar si “la falta de pago de los bonos Discount constituía un evento crediticio”, en alusión a la cesación de pago de bonos de deuda.
Contra la negación de default que repitieran la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro Kicillof en los últimos tres días, la determinación de ISDA se alineó con lo que las agencias calificadoras de riesgo Fitch, Standard & Poor's y Moody's ya habían declarado días atrás. Hoy se sumó la calificadora de riesgo crediticio china Dagong.
Tras la decisión del comité de la ISDA, se inició el proceso para cobrar los Credits Default Swaps (CDS), instrumentos que funcionan como un “seguro” para los inversores en caso de que los pagos se vieran interrumpidos.
La declaración del default abre un interrogante sobre una eventual aceleración en el cobro: los tenedores de ciertos bonos podrían reclamar el pago anticipado.
Aunque Argentina giró el 30 de junio los fondos para abonar el vencimiento -550 millones de dólares que permanecen en una cuenta local del Bank of New York Mellon (BoNY)-, el pago fue bloqueado por el juez estadounidense Thomas Griesa.
