Por Jairo Straccia / Patricia Valli | En medio de la polémica por la lista de beneficiarios de obra pública, advierten que hay trabajos con riesgo de frenarse.
Los atrasos en los pagos de obras públicas llegan a superar hasta los cinco meses, según aseguraron bajo pedido de anonimato al menos tres constructores que forman parte de la lista de “beneficiados” que citó Cristina Fernández y que difundió el Ministerio de Planificación.
Los pagos superan con comodidad los noventa días, que en algunos casos se convirtieron en moneda corriente. Según explicó uno de los constructores consultados, la demora se da cuando se trata de obras con financiamiento del Tesoro Nacional y no así en los casos en que median créditos de organismos internacionales para infraestructura. El atraso de pagos se suma, además, a la suspensión de licitaciones de obras viales que se dio a mediados de julio.
De acuerdo con los privados, la Dirección Nacional de Vialidad adeudaría unos $ 10 mil millones, lo que prácticamente implica la mitad de su presupuesto, mientras que la responsable de aguas y saneamiento, Aysa, adeudaría otros $ 5 mil millones.
Según voceros del Ministerio de Planificación, el sistema “funciona normalmente, más allá de un retraso puntual”. En ese marco, aseguraron que el nivel de ejecución de obras es bueno y que las obras viales son uno de los motores de la obra pública. Los desembolsos del Tesoro en inversión real directa, donde se enmarca la obra pública, abacarcan hasta el 16 de agosto el 47% de los $ 41.008 millones disponibles. En parte por este motivo, los constructores aseguran que negociaron hace un mes que Vialidad suspendiera nuevas licitaciones de obra, porque no pueden afrontar nuevos trabajos con la deuda atrasada.
De acuerdo con las fuentes del sector, los únicos trabajos que siguen haciéndose y se pagan son las obras de vivienda, por el impacto electoral y en la mano de obra. “Están pisando obra pública de una manera que nunca lo hicieron”, sostuvo uno de los empresarios.
El tema, junto con la difusión de la lista de empresas que participaron de la obra pública nacional, será tema de la reunión de directorio de este martes en la Cámara de la Construcción (Camarco). Una circular de la Dirección de Vialidad Nacional a los constructores suspendió las licitaciones “para salvaguardar el presupuesto con miras a una nueva administración”. “La puesta en práctica de este vigoroso plan de obras condicionaría los presupuestos futuros, acotando el marco de acción que deben tener autoridades que asuman el 10 de diciembre”, indica la Circular Nº 2 de Vialidad con fecha del 13 de julio pasado. Los datos de ejecución del Presupuesto de Economía señalan que Vialidad tiene un total de $ 22.328 millones disponibles para este año, de los que se autorizaron $ 14.156 millones y se pagaron $ 13.382 millones.
El organismo tiene a su cargo un programa de mantenimiento de unos 8 mil kilómetros de rutas. En su programa de construcciones, abarca 73 kilómetros en pasos fronterizos y corredores de integración pero bajo financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, según los datos de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP).
