Por Mario Rodríguez Muñoz* / La AFIP aumenta las exigencias y complica a los pequeños y medianos contribuyentes del monotributo. La apuesta de Alberto Abad para que todos integren el régimen general y paguen ganancias e IVA.
El gobierno nacional habla permanentemente de la alta presión impositiva que hay en el país. Incluso propone una reforma tributaria para hacer menos pesada esta carga. Sin embargo, la AFIP parece ir en sentido contrario. Con la intención de transparentar y de incrementar la base impositiva, oscurece y complica la ya pesada carga, en especial para los pequeños y medianos aportantes que contribuyen al fisco con el monotributo.
El 20 de septiembre se venció el plazo para la modificación de las categorías (de todas). Para controlar que el aportante esté en la categoría que le corresponde, el organismo recaudador va a controlar sus gastos, tanto por su actividad como los personales, y los movimientos bancarios. A esto le va a sumar un 20% para los prestadores de servicios y un 30% para los que venden bienes. Lo que no explica la AFIP es qué pasa si el contribuyente tiene un trabajo en relación de dependencia. Parecería que no cuenta ese ingreso para calcular los gastos personales (por lo menos no está aclarado). Por ejemplo, si se paga una obra social privada con la tarjeta de crédito, la autoridad tributaria no discrimina un gasto y otro, entonces considera ese costo dos veces, incrementando los gastos personales. Como este se pueden mencionar muchos ejemplos más. "La culpa es de los contadores, que complican todo", dicen en la AFIP.
Si no coinciden los gastos personales o por venta y los movimientos bancarios con la categoría en la que está el monotributista, el organismo que encabeza Alberto Abad lo recategoriza de oficio.
De a poco, la Administración de Ingresos Públicos va agregando obligaciones que tiene que cumplir el pequeño y mediano contribuyente que, en lugar de simplificar, complican el panorama, como la adhesión obligatoria al Domicilio Fiscal Electrónico desde el 1 de octubre o el pago electrónico obligatorio a partir del 1 de noviembre.
Toda esta maraña de trámites (que en la categoría más baja y si el contribuyente está en relación de dependencia tiene un costo de $ 68), hacen necesaria la contratación de un contador, con el consiguiente costo de honorarios. La Justicia pone un defensor público gratuito para el acusado que no quiere pagar su propio abogado; la salud en los hospitales públicos es gratuita (el paciente no le paga al médico ni paga los remedios); la educación es pública y gratuita; ¿por qué la AFIP no dispone de contadores gratuitos para los contribuyentes más chicos?
Los que lo conocen dicen que este embrollo cada vez más complicado que es el pago de impuestos, por lo menos en lo referente a los monotributistas, es porque Abad quiere que el régimen simplificado desaparezca y que todos pasen al régimen general (y que paguen ganancias e IVA). Es decir, más impuestos, al revés de lo que declama el propio presidente Mauricio Macri.
*Editor de Fortunaweb
