Por Jorge Colina /¿Por qué usar fondos públicos para que los pobres accedan a escuelas privadas podría ser beneficioso para el nivel educativo del país?
Aceptar que las escuelas estatales son para los pobres y las privadas para las familias de ingresos medios y altos profundiza la fragmentación social. Sería más equitativo y eficiente darles a las familias más humildes la posibilidad de elegir también una escuela de gestión privada con financiamiento y control del Estado.
En el inicio del ciclo educativo, el tema central es otra vez el conflicto gremial. Resulta tedioso y mediocre que las familias vuelvan a la zozobra de no saber si sus hijos podrán comenzar y concurrir con normalidad a clases, rehenes de las presiones corporativas que pujan por una mayor apropiación de fondos públicos.
La conflictividad tiene negativos impactos en la calidad educativa. Según la prueba PISA, que mide habilidades de los jóvenes de 15 años obtenidas en el sistema educativo, Argentina en el año 2000 registraba un puntaje de 418, mientras que en el año 2012 (último disponible) cayó a 396 puntos. Chile, para tomar un ejemplo vecino, en el año 2000 tenía 410 puntos mientras que en el 2012 arrojó 441 puntos.Muchos factores explican esta profunda decadencia. Uno muy importante es el esquema de financiamiento educativo. En este sentido, un estudio realizado por el Centro para la Evaluación de Políticas basada en la Evidencia (CEPE) de la Universidad Di Tella muestra que del total del financiamiento público y privado para educación:
■ Las escuelas de gestión estatal en Argentina reciben el 79% de los recursos educativos mientras que en Chile reciben el 49%.
■ Las escuelas de gestión privada con financiamiento estatal reciben en Argentina 13% de los recursos para educación mientras que en Chile reciben el 42%.
■ Las escuelas de gestión privada sin financiamiento estatal reciben entre un 8% y 9% en ambos países.
Estos datos muestran, en primer lugar, que las familias que soportan la educación de sus hijos con financiamiento puramente privado representan la misma proporción en ambos países y son la minoría. Las diferencias sustantivas aparecen en el financiamiento público de las escuelas de gestión privada. Mientras que en Argentina casi el 80% de la inversión en educación es destinada a las escuelas estatales, en Chile los recursos educativos van casi en partes iguales al financiamiento en escuelas estatales y privadas.
La otra gran diferencia entre Argentina y Chile es el método con el que se canaliza el financiamiento público a las escuelas privadas. En Argentina, se hace mediante el pago de los salarios docentes de los colegios generalmente confesionales que se complementa con una cuota pagada por los alumnos.
En Chile, el financiamiento público a las escuelas privadas se canaliza vía bonos (vouchers) a las familias menos pudientes para que ellas elijan un colegio privado y con ese bono paguen la cuota del colegio. Esto tiene enormes impactos positivos en la calidad de la gestión educativa, ya que las escuelas privadas operan bajo reglas de gestión menos rígidas y burocráticas que las estatales.
Por ejemplo, según el citado estudio, en Chile entre el 58% y 68% de los alumnos concurren a escuelas donde el director puede contratar y despedir a los docentes, mientras que en Argentina estas proporciones son de entre 25% y 27%. Que las escuelas del Estado son garantía de inclusión social es un eslogan que solo se sostiene por conservadurismo ideológico. Las evidencias muestran que, en la práctica, las escuelas del Estado operan como un potente instrumento de fragmentación social. Los niños de las familias más pobres son obligados a concurrir a escuelas estatales donde las huelgas y las vetustas reglas de gestión prevalecen, mientras que las familias más acomodadas pueden acceder a las escuelas de gestión privada que operan bajo reglas más productivas.
Usar fondos públicos para que los pobres accedan a escuelas privadas es mucho más eficiente y justo que mantener escuelas estatales destinadas a cobijar niños pobres. Si a las familias más humildes se les diera la posibilidad de elegir un colegio privado con financiamiento del Estado, no solo se presionaría para mejorar la calidad educativa en las escuelas del Estado sino que se comenzaría a recuperar el sueño de muchos argentinos: ver al niño humilde con el niño acomodado concurriendo a la misma escuela.
*Presidente del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa)
