En 2008 se licitaron catorce áreas que se repartieron en partes iguales con Lázaro Báez. Ninguno invirtió. Peralta se las quiere quitar, pero López lo bloqueó en la Justicia.
Por Pablo Manuel desde Santa Cruz.
La provincia de Santa Cruz no podrá, al menos por el próximo año, rescindirle el contrato ni volver a licitar dos áreas petroleras que Cristóbal López adquirió en 2008 en una cuestionada licitación pública en la que también resultó beneficiado Lázaro Báez.
Se trata de las áreas Gran Bajo Oriental y Sierra España, que el empresario chubutense controla mediante la compañía Oil M&S, cuyos abogados lograron –ante el peligro de perderlas– que la Justicia de Santa Cruz, por tercer año consecutivo, hiciera lugar a una medida cautelar de no innovar.
De esa forma, López logró retener el control del negocio hasta las elecciones de 2015, cuando la provincia debe elegir nuevamente gobernador.
El gobierno de Daniel Peralta se presentó ante el Tribunal de Apelaciones para pedir la suspensión de la concesión. Mientras tanto, el juzgado en lo Civil y Comercial a cargo de Carlos Enrique Arenillas debe definir la cuestión de fondo, es decir, si efectivamente Oil M&S no invirtió en esas áreas, como denunció en su momento el gobernador santacruceño en plena pelea con el kirchnerismo.
“Puedo asegurarles que el señor López, salvo en dos áreas que tienen compartida la explotación con Eurnekian, en las otras cinco no ha invertido nada”, había dicho Peralta el año pasado. Consumada una nueva medida de no innovar, el gobernador calificó días atrás la decisión judicial como “una vergüenza” y hasta deslizó que la Justicia de Santa Cruz protege al empresario.
La oposición había denunciado por irregular la licitación de las 14 áreas, siete de las cuales obtuvo Cristóbal López y otras siete Lázaro Báez, dos empresarios emblemáticos de la última década. El principal argumento en la calificación más alta para obtener las áreas fue que poseían el 100% de capitales regionales.
Pero con el paso de los años, ninguno de los dos cumplió acabadamente con las inversiones previstas en los contratos, principal argumento de la provincia para avanzar en la quita de las áreas, al menos en el caso de Oil M&S.
En 2012, el Instituto de Energía de Santa Cruz envió una carta documento a Cristóbal López intimándolo a que cumpla con las inversiones prometidas por US$ 5.497.000 para el área Gran Bajo Oriental y US$ 2.538.600 para Sierra España.
Ante las amenazas públicas de Peralta, López le ganó de mano y se presentó ante la Justicia, lo que motivó la primera cautelar.
A partir de ese momento, Peralta, que mantenía por entonces una feroz interna con el Frente para la Victoria –hoy en proceso de reconciliación–, castigó a López quitándolo del registro de empresas petroleras con actuación en Santa Cruz. Ahora las partes deberán aguardar que la Justicia resuelva la cuestión de fondo, lo que definirá si López puede seguir operando las dos áreas petroleras en conflicto.
(*) Publicada en la edición 912 del Diario PERFIL
