Más de 740.000 personas dejaron la medicina prepaga en dos años, en un escenario donde cada vez más hogares deben elegir entre sostener la cobertura médica o afrontar gastos esenciales
En los últimos días se conoció un dato alarmante: más de 740.000 personas dejaron de tener cobertura de salud privada en los últimos dos años. Pero si nos ponemos a analizar, hay algo mucho más profundo: nos encontramos en una situación de hay familias que tienen elegir entre pagar la prepaga o pagar el alquiler, la comida u otros servicios básicos.
La posta es más complicada a un cuando vemos a los jubilados, adultos mayores, que aportaron toda su vida y hoy no pueden sostener la cobertura médica que tenían mientras trabajaban.
El 90% de los afiliados a prepagas cree que paga más que la inflación
Algo que se veía venir
Quienes trabajamos diariamente en el ámbito del derecho de la salud venimos observando este fenómeno desde hace un tiempo: la creciente dificultad de amplios sectores de la población para sostener el acceso a la medicina privada. Pero, sinceramente, nunca vi un nivel de expulsión tan marcado del sistema privado de salud. Antes las consultas eran por aumentos puntuales, como los aumentos por edad; hoy muchísimas personas directamente sienten que no pueden seguir sosteniendo la cobertura. Creo que cambiaron varias cosas al mismo tiempo: el decreto 70/23 permitió los aumentos discrecionales de las prepagas y, a la vez los ingresos quedaron muy por detrás. Entonces el problema ya no es solamente cuánto aumenta una cuota, sino que cada vez más familias tienen que elegir entre pagar la prepaga o afrontar otros gastos básicos. Y eso se refleja también en la enorme judicialización que estamos viendo en materia de salud.
Esa realidad se refleja también en una judicialización cada vez mayor de conflictos vinculados a la salud: reclamos relacionados con los aumentos de cuota, bajas de afiliación, continuidad de cobertura al momento de la jubilación, cobertura de prestaciones por discapacidad, acceso a medicamentos y continuidad de tratamientos médicos esenciales.
Durante años, la medicina prepaga fue percibida como un símbolo de estabilidad y previsibilidad. Muchas familias organizaban su economía alrededor de la posibilidad de contar con cobertura privada. Sin embargo, en muy poco tiempo, ese esquema comenzó a volverse insostenible para miles de personas. Las noticias suelen centrarse exclusivamente en el porcentaje de aumento de las cuotas, pero el verdadero problema no puede analizarse aislado de los ingresos reales de la población.El problema no es solamente cuánto aumenta la prepaga, sino cuánto aumenta en relación con los ingresos. Cuando aumenta muy por encima
de los ingresos, la ecuación empieza a dejar de cerrar.
Tras el DNU 70/2023, el subsistema privado de salud ingresó en una etapa de mayor flexibilización en materia de precios: las prepagas pueden libremente establecer el porcentaje de aumento del mes siguiente e, incluso, pueden determinar porcentajes de aumentos distintos para diversos lugares del país. Sin embargo, esta libertad no debería eliminar principios básicos que siguen siendo esenciales en materia de salud: razonabilidad, previsibilidad, transparencia y protección del afiliado. La crisis de financiamiento del sistema de salud es real, las prepagas no son villanas absolutas.
Cada vez más gente deja de pagar la prepaga y vuelve al hospital público
Es cierto que enfrentan aumentos constantes en medicamentos, tecnología médica, prestaciones y costos operativos, pero el problema aparece cuando el peso de ese desequilibrio termina trasladándose casi exclusivamente al afiliado. Y aquí aparece otro aspecto central en esta problemática: cuando una persona pierde su cobertura privada, no desaparece del sistema de salud, esa demanda se traslada inevitablemente al sistema público, que ya funciona bajo enormes niveles de presión y saturación
Uno de los sectores más afectados es el de los jubilados. Son frecuentes los casos de personas que trabajaron y aportaron a una obra social durante décadas y que, al llegar al momento de mayor necesidad médica, descubren que mantener su cobertura se vuelve económicamente inviable. Muchos deben judicializar situaciones vinculadas a continuidad de afiliación, derivación de aportes o aumentos que consideran irrazonables.
La creciente judicialización de conflictos vinculados a la salud es, en gran medida, una consecuencia de esta realidad. Los tribunales comenzaron a recibir cada vez más reclamos relacionados con la salud y, en muchos casos, la justicia termina funcionando como el último resguardo frente al riesgo concreto de perder acceso a prestaciones esenciales. Pero no puede naturalizarse que la única forma de garantizar el acceso a la salud sea a través de un juicio, debería haber organismos estatales, gratuitos, que funcionen como una alternativa real para la protección de los derechos.
Cuando 740.000 personas dejan de tener una cobertura privada, ya no estamos hablando de casos individuales y aislados, estamos hablando de una crisis estructural de acceso. La Argentina está discutiendo algo mucho más profundo que el valor de una cuota: está discutiendo quiénes van a poder acceder efectivamente a la salud y bajo qué condiciones.
*Abogada
