Se ven cada vez más casos de aumentos mensuales que superan ampliamente la inflación o que no responden a ninguna variable objetiva.
Cada vez más familias dejan de pagar los servicios de las empresas de medicina prepaga y regresan a las obras sociales, o deciden atenderse directamente en el hospital público, lo que podría provocar el colapso en el sistema de salud.
Comenzó mayo, y en materia sanitaria, al menos seis grandes empresas de medicina prepaga ya notificaron a sus afiliados que aplicarán aumentos de hasta 3,4% en las cuotas y copagos. Las compañías atribuyen la decisión al alza sostenida de costos operativos, insumos médicos, honorarios profesionales y servicios tercerizados.
Sí bien es legal aumentar, desde el DNU 70/2023 se introdujo una flexibilidad que permitió que las prepagas puedan fijar libremente el valor de la cuota, los aumentos e, incluso, diferenciar el porcentaje de ajuste según las características del plan. Sin embargo, eso no significa que las empresas puedan aumentar completamente de manera arbitraria como pasó durante primeros meses del 2024.
“Los aumentos deberían respetar ciertos principios básicos: razonabilidad, transparencia y previsibilidad. Es decir, tienen que estar debidamente informados, ser comprensibles para el usuario y no pueden implicar abusos” Explica la abogada Fiorella Bianchi y agrega que, "en la práctica, lo que estamos viendo en muchos casos son aumentos mensuales que superan ampliamente la inflación o que no responden a ninguna variable objetiva. Esto abre la puerta a cuestionamientos legales, y de hecho ya hay numerosos fallos que ordenan recalcular las cuotas tomando como referencia parámetros razonables, como el IPC”.
El 90% de los afiliados a prepagas cree que paga más que la inflación
Lo cierto es que el sistema sigue teniendo límites concretos: no puede haber rechazo por edad en el ingreso; la diferencia entre la cuota más baja y la más alta no puede superar tres veces; y las personas mayores de 65 años con más de 10 años de antigüedad no pueden sufrir aumentos por edad. También rige el deber de información: los aumentos deben comunicarse de manera clara, indicando el porcentaje y el nuevo valor, dentro de los cinco días de publicado el IPC y con al menos 30 días de anticipación al vencimiento.
“Por otro lado, también son cuestionables los aumentos encubiertos. Por ejemplo, cuando se retiran “descuentos” que nunca fueron explicados como temporales, se introducen copagos no informados al momento de la afiliación, se transforma de hecho un plan sin copagos en uno con copagos, o se aplican cargos por supuestas enfermedades preexistentes que no corresponden” reflexiona Bianchi.
En definitiva, el aumento mensual en principio no es ilegal, pero tampoco todo aumento es válido: cuando no es claro, no es razonable o no es previsible, puede y debe ser cuestionado.
Medicina prepaga en Argentina: cómo elegir la mejor opción
El usuario NO está desprotegido
El primer paso suele ser realizar un reclamo formal ante la prepaga (por ejemplo, mediante correo electrónico, nota o carta documento). Si no hay respuesta o la solución es insuficiente, se puede avanzar por distintas vías:
- Reclamos administrativos ante la Superintendencia de Servicios de Salud o la Defensoría del Pueblo de la Nación
- Instancias de mediación prejudicial en salud
- Acciones judiciales, especialmente amparos de salud
“En muchos casos, la Justicia ha ordenado no solo frenar los aumentos y ajustarlos al IPC, sino también devolver lo cobrado en exceso mediante notas de crédito o reintegros” indica Fiorella Bianchi.
Copagos sin control: ¿Cómo afectará a los afiliados?
Promesas engañosas
Muchas veces se ofrecen descuentos iniciales que son temporales y no se explicita claramente que luego la cuota va a aumentar significativamente. El problema no es el descuento en sí, sino la falta de información clara sobre su duración y sobre cuál va a ser el valor real del plan una vez finalizado.
En cuanto a los planes “sin copagos”, también hay que ser muy cuidadosos: en algunos casos, esos planes terminan teniendo limitaciones en la cartilla, autorizaciones más restrictivas o costos indirectos que no se explican al momento de la afiliación.
“Desde el punto de vista legal, toda esta información debe ser clara, veraz y completa. Si hay omisiones o información engañosa, el usuario puede reclamarlo” concluye Bianchi
RM
