El fin de una época en la obra pública

Por Gustavo García /Por qué la investigación del juez Bonadio implica un antes y un después en la relación entre políticos y empresarios.

Redacción Fortuna

Por necesidad o por convicción las empresas han comenzado a implementar programas de transparencia, sistemas que les permitan de alguna manera evitar las prácticas de corrupción en una Argentina donde el asunto se ha vuelto uso y costumbre.

Sin lugar a dudas, la mediática causa de los cuadernos puede tomarse como un mojón en esta historia. Si servirá para iniciar un proceso de cambio que nos lleve a ser una sociedad más sana en el plano de los negocios, es un albur. Pero algo está empezando a cambiar a partir del desfile de empresarios de renombre por los tribunales Federales de Comodoro Py.

Cuenta el doctor Carlos Rozen, socio fundador y presidente saliente de la Asociación Argentina de Ética y Compliance, que al curso de Certificación Internacional que dirige en la Ucema solían anotarse 40 personas, pero que a partir del último escándalo de corrupción se inscribieron 120 y hay lista de espera para el año próximo.

Fortuna: ¿Instalar el tema en este contexto de malas prácticas comunes es arduo? ¿Se puede cambiar esa matriz de pensamiento?

Rozen: Para nosotros el tema de compliance tiene varias aristas. Tiene una parte legal, muy técnica pero también una parte de comportamiento humano. Diría que el porcentaje más importante sobre lo que es compliance tiene que ver con el comportamiento humano.

Fortuna: ¿El denominado ‘Caso de los cuadernos’ puede ser un mojón en la lucha en favor de la transparencia?

Rozen: Yo distingo tres hitos en los últimos años. Primero que estamos frente a un Gobierno que, mejor o peor, que puede gustar más o menos, empezó a instalar este tema. No es casualidad, tiene que ver con un requerimiento de la OCDE que estamos incumpliendo desde hace mucho tiempo. A buena parte de la comunidad no le empezó a dar lo mismo que alguien sea corrupto o no.

Fortuna: Esto a partir del afán del Gobierno por entrar al club de los países desarrollados.

Rozen: Exactamente. Sin lucha anticorrupción no podemos aspirar a ser miembro de este grupo selecto de países que conforman la OCDE. El segundo hito muy importante es, entre algunas leyes que se sancionaron como la del arrepentido o algunas relacionadas con conflicto de intereses en la parte pública, se sancionó una ley muy importante que es la de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas para delitos de corrupción. Se habla de ley de responsabilidad empresaria, pero puede ser aplicada sobre una empresa o no. Pueden ser también un club de fútbol, un consorcio de propiedad horizontal o una iglesia los que estén involucrados.

Fortuna: Apunta exclusivamente al sector privado.

Rozen: Apunta al sector privado y ahí hay un segundo hito muy importante que pone sobre el tapete toda la importancia del tema anticorrupción porque la empresa se empieza a dar cuenta que, si bien las personas son bastante proclives a escabullirse cuando son imputadas por hechos de corrupción, a las empresas les cuesta más. Están en un mismo lugar físico, es fácil de demostrar que se beneficiaron con un contrato mediante un hecho de corrupción, entonces la Justicia le puede pedir que devuelva el dinero obtenido por corrupción. Se la puede sancionar gravemente con distinto tipo de penalidades. Un hecho que llama la atención en nuestro país es que mientras la pena de muerte no existe para la persona física, sí puede existir para la persona jurídica. Por ejemplo, en un caso de gravedad en que la empresa sancionada se demuestra que ha nacido para delinquir. Se trata de estas compañías que están dando vuelta y se dicen que eran la cáscara de un testaferro, o empresas que se crean especialmente para darles obras públicas en un contexto de corrupción. La sentencia que surgiría a partir de una ley como esta es la quita de la personería jurídica.

Fortuna: Es una ley muy importante a nivel nacional. ¿Por qué cuesta bajarla a nivel provincial?

Rozen: Se trata de una ley que tiene que ver con el ámbito nacional. Solamente tienen la obligación de contar con un programa de Iintegridad o compliance, que es una de las manifestaciones de la ley, las empresas que transaccionan con el Estado nacional. Mientras que algunas que hacen negocios con los estados provinciales no tienen la obligación y necesitan que las provincias vayan adhiriendo a este régimen. Pero la ley es de aplicación a todas y exige un programa de integridad sólo a algunas. Por ejemplo, si una empresa fuera sospechada y luego imputada por un hecho de corrupción, podría darse a cualquier persona jurídica del país.

Fortuna: ¿Es real que sólo el 50% de las grandes empresas tienen programas de transparencia?

Rozen: En realidad es difícil medir los porcentajes hoy porque cada vez que hacemos un diagnóstico para implementar un programa de integridad en una organización nos encontramos con que hay algunas prácticas que son aprovechables. Entonces decir que tiene o que no tiene es aventurado. Todas tienen algo, en mayor o menor medida. Y las que tienen implementado un programa de compliance formal, robusto, que anda bien, son las menos. En general son multinacionales que ya lo vienen haciendo desde hace mucho. No lo hacen por esta ley.

Fortuna: ¿Lo hacen más por la presión de factores exógenos, porque cotizan en alguna bolsa extranjera o porque forman parte de algún Fondo de Inversión?

Rozen: En general las empresas que tienen casa matriz en Estados Unidos, en Canadá o en algunos países de Europa saben que estas prácticas son muy importantes, incluso porque muchas han sido multadas severamente. Por ejemplo, estamos hablando de un compliance anticorrupción. Quienes son clasificadas como empresas US o de Estados Unidos no lo son sólo por tener la casa matriz allí sino también porque las alcanza la Ley de Prácticas Corruptas de los Estados Unidos. Es la ley anticorrupción que resulta parecida a la nuestra pero que está vigente desde 1977, y que tiene una fuerte aplicación desde hace una década. Saben que las sanciones son muy severas y que deben tener programas anticorrupción.

Fortuna: ¿Las empresas argentinas demandan estos programas?

Rozen: Yo distinguía tres momentos: que se empiece a hablar del tema cuando cambia el gobierno, que salga la ley, y el tercer punto es el tema de los cuadernos. Si bien todos los casos sobre los que estamos leyendo o mirando son previos y no están alcanzados por esta ley, ya que fueron cometidos antes del 1 de marzo, el empresario lo ve como balas que están picando muy cerca. Es la manifestación práctica de lo que es la corrupción, hasta dónde puede llegar. Porque una cosa es que te digan que te pueden sancionar y otra que se vea gente desfilando por los tribunales de Comodoro Py. Eso hace temblar a cualquier empresario. Si hay algo a lo que tiene miedo un empresario, incluso más que a la existencia de una ley, es a eso. La existencia de la ley es algo que habitualmente creen que a ellos no se les va a aplicar. Es como una enfermedad grave que el común de la gente piensa ‘a mí no me va a tocar’, pero todos nos morimos de algo. La manifestación más práctica que tiene esta ley y el temor que provoca es ver a los empresarios yendo a declarar y confesando delitos. Si hay algo a lo que le tiene miedo el empresario es al periodismo, a la exposición pública, a tener vergüenza de mirar a sus familiares, a su mujer y sus hijos. Eso es atroz. Cuando están unos días en prisión, comienza a sentir esas cosas que no se imaginaban.

Fortuna: Se desploma la sensación de impunidad.

Rozen: Claro, es esa sensación que tiene la gente de que el costo de la corrupción es parecido al beneficio que se obtiene al corromper. Entonces, antes cuando la impunidad era moneda corriente o era el paradigma que reinaba en la Argentina, la sensación era que nadie iba preso por esto. El beneficio producto de la corrupción así es tan alto que no tiene relación con el riesgo por ser corrupto. Cuando el empresario ve que puede ir preso, se empiezan a igualar esos costos y entonces se produce ese dilema ético donde el empresario dice: ‘No puedo cerrar este negocio así porque no voy a poder dormir. Tal vez me van a venir a buscar dentro de meses o años, y la verdad es que no me conviene’. Entonces optan por hacer negocios sanos y tener una empresa sustentable que dure un montón de tiempo, y no meterse en estos problemas donde se pone en riesgo a la empresa y a su familia.

Fortuna: Aquí el rol de la Justicia es clave. ¿Cómo actúa en la Argentina?

Rozen: Esa es la otra parte de este problema. Hace falta una Justicia que sea aleccionadora mediante casos reales. Lo que se ve en este momento es un proceso muy diferente al de Brasil, aunque uno quiera asimilar el Lava Jato con lo que ocurre aquí. Es muy diferente porque si la Justicia de Brasil, las fiscalías y los jueces, tienen munición gruesa, en cambio toda la legislación argentina está un poco precaria todavía y no tiene todos esos elementos que permiten obrar con fuerza. Además, tenemos un grupo de jueces conocidos por todos que tiene un desprestigio muy grande. Y no es casual. El desprestigio tiene que ver con un proceder previo. ¿Qué es un juez? Es una persona que no puede dejarse amedrentar para cumplir con su deber. Sino la sociedad no puede confiar en nada ni en nadie. Es no tener al arquero del equipo. Eso es la Justicia que tiene que volver a ganarse una reputación, y que tal vez lo logre a través de estos casos si llegan a buen puerto.

Fortuna: ¿Hay un mea culpa de parte de los empresarios involucrados con la corrupción en la obra pública?

Rozen: Creo que nunca es justificable la comisión de un delito. Dicho esto también es verdad que la costumbre en la forma de proceder del empresario argentino ligado a la obra pública suele marcar un poco el proceder de este conjunto. Hay dos frases muy comunes a la hora de cometer un delito. La primera es ‘todos lo hacen’. Que es una frase facilitadora y que opera en la mente de los número uno de las empresas. La otra es ‘lo voy a hacer una vez sola y nunca más’. A la primera vez que uno lo hace, en la mente se provoca mucho temor, mucho ruido, se duerme mal. La segunda vez ya la culpa es menor y si los casos siguen, esa sensación deja de existir. El ruido desaparece totalmente. Dicho esto, aclaro que no todos los empresarios son iguales. Hay empresarios que no hicieron ni harían esto, y hay empresarios que se acostumbraron a esto.

Fortuna: Quienes justifican este accionar afirman que a los empresarios no les quedaba otra alternativa más que aceptar la regla del sobreprecio o el soborno, o dedicarse a otra cosa.

Rozen: Hay un viejo dilema ético muy conocido. Una persona está caminando y ve que un tranvía va a atropellar a cinco personas que están atadas a la vía. Y tiene una palanca y la posibilidad de desviar el tren. Si el tren se desvía, atropella a una sola persona que está parada allí. El tiene que tomar la palanca y ser el autor de una muerte, o no. Ese dilema es: miro para otro lado y dejo que mueran cinco o tomo la palanca y hago que muera uno, pero soy artífice de esa muerte. Es un dilema arduo. En este caso es el operar de esta manera ilegal por presión de una autoridad, una presión tal que pareciera ser que no permite que uno haga su voluntad. Pero siempre cuando hablamos de comportamiento ético decimos que está relacionado con la libertad. La libertad de decir el monosílabo NO. Uno puede optar por decir no. Eso traería consecuencias complicadísimas. En el contexto del gobierno anterior decir que no tal vez significaba cerrar una empresa o reconvertirse. Uno está entonces frente a un dilema donde decir que sí es actuar ilegalmente, y eso nunca lo vamos a avalar.

Fortuna: Otro punto relevante es el de conflicto de intereses. ¿Cómo se trabaja en eso?

Rozen: El conflicto de intereses es un facilitador de la corrupción porque los actos de corrupción dentro de una empresa en general están reservados para quien tiene la relación con gente del sector público. En general es gente de nivel medio alto, desde la cúpula de la organización hasta la gerencia media. Es muy difícil que un operario pueda comprometer seriamente a una empresa en un hecho de corrupción. Pero conflicto de intereses sí, lo pueden ir cometiendo todos dentro de la organización. Por ejemplo, desde tener un familiar que le vende materiales a la empresa y uno le compra a un precio más caro, perjudicando a la compañía. O ser amigo de un funcionario público y cenar siempre con él. Los conflictos de intereses pueden ser aparentes, potenciales o reales. Aparente es cuando parece, pero no tiene un efecto real. Lo importante ahí es revelarlo, explicarlo, no dejar dudas. Potencial es, por ejemplo, tener una relación con un funcionario sin que haya un hecho que materialice el conflicto, pero podría ocurrir en cualquier momento. Y el real es directamente estar utilizando esa vía para sacar una ventaja. El conflicto de intereses muchas veces es el primer paso para la corrupción. En todo programa de compliance debería haber una política de conflicto de intereses.

Fortuna: ¿Estos programas se aplican a los cargos gerenciales de las compañías o involucran a todos?

Rozen: Un programa de integridad o de compliance es un conjunto de herramientas previstas por la ley, algunas obligatorias y otras optativas, que deberían trabajar interrelacionadas entre sí sobre la base de una cultura ética, de una transformación cultural. Muchas veces eso se deja de lado y es muy importante. Debe tener una estructura que pueda llevar a cabo eso, que es una figura de responsable de compliance o compliance officer. Según el tamaño de la organización puede ser un cargo full time o part time. A veces puede tener un equipo a cargo. La idea es producir como efecto el prevenir el delito y, en el caso de que no se pueda, identificarlo y reportarlo a las autoridades antes de que las autoridades se encarguen por sí mismas de realizar una imputación.

Fortuna: Hablamos de compañías de grueso calibre. ¿Qué ocurre con las PyMEs?

Rozen: En realidad todas están alcanzadas legalmente y es verdad que uno, a priori, podría pensar que es sólo para unas pocas empresas, pero no es así. Lo que estamos viendo es que las grandes compañías prefieren a las pequeñas y medianas, y las eligen si se sienten cuidadas, protegidas. Porque muchas veces los casos de corrupción se producen no a través de los empleados directos de la empresa sino por los terceros, que están alcanzados por la ley porque la firma contratante es responsable. Si decimos que estos terceros, operando para la empresa, pueden coimear a un funcionario público, son todas figuras que ponen en riesgo a la empresa. ¿Entonces que se hace? Buscan a terceros sanos. Otra cosa que se observa es que la empresa grande comienza a trasladar su presupuesto de Responsabilidad Social Empresaria a este principio de pacto global anticorrupción, que también es RSE. Se trata de ver cómo ayudo a toda mi cadena de valor en que tengan algunas prácticas mínimas pero indispensables anticorrupción. Y eso me beneficia a mí como empresa porque no me van a poner en riesgo.

Fortuna: ¿Con qué acciones concretas se logra esto?

Rozen: Capacitándolos y dándoles beneficios a las PyMEs proveedoras. Por ejemplo, adelantarle los pagos a quienes tengan estas prácticas. Imaginemos una minera involucrada en prácticas anticorrupción pero que le hacen aplicar el Compre Provincial, entonces tienen que contratar empresas locales, que son las que hay. Y no por buenas o malas, sino porque son las únicas que hay. A veces tienen a algún político incluido en el directorio, a veces son compañías muy precarias en su organización. ¿Cómo se hace para operar con esta empresa si es la única forma de hacer negocios? Fortaleciendo sus métodos de trabajo, persuadiéndolos, conversando. Ese es un trabajo que hay que hacer.