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La apuesta del Gobierno a lograr un volumen mínimo de u$s 10.000 millones en la operación. La reacción de los bonistas al anuncio de Boudou y el apuro oficial por evitar que la cercanía de 2011 eche por tierra el plan.
El Gobierno sabe que el tiempo corre y 2011, medido con el cronómetro político, está a la vuelta de la esquina. Con las cuentas públicas hambrientas de dinero fresco y los mercados internacionales cerrados, en Balcarce 50 entienden que, para volver a entablar relaciones con el mundo financiero, deben solucionar el conflicto con los acreedores que no aceptaron la oferta de 2005. Es por ello que cuando el jueves pasado Amado Boudou convocó a una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía todos sabían de que se trataba la apertura de una nueva instancia de canje.
En el otro extremo del cuadrilatero, los holdouts también le siguen el pulso político a la disputa y son los beneficio que más foco ponen 2011, y lo que un nuevo gobierno podría depararles.
El canje entra así, con gran conciencia de ambos lados, en cuenta regresiva. Cuanto más demore el Gobierno en saldar las deudas pendientes, más difícil le resultará ya que la posibilidad de negociar con nuevos interlocutores puede resultarle tentador a cualquier acreedor que ya esperó más de ocho años para recibir su pago.
“Podemos esperar a un nuevo gobierno que sea más afín al mercado y más amigable con los inversores”, dice Mark Botsford, un bonista que invirtió en deuda argentina por medio millón de dólares y voz cantante de muchos de los “late comers” que le dijeron no a la primera oferta. “Si la instrumentación es similar a la de la primera instancia, no creo que la aceptación pueda superar el 30%-35% de los bonistas”.
Desde el Gobierno, en cambio, confían en que la nueva oferta logrará atraer a cerca del 60% de los acreedores, lo que equivale a unos u$s 18.000 millones sobre el total del u$s 29.000 millones que componen la deuda. “Esa sería una muy buena marca”, confirmó Boudou al anunciar el envió al Congreso de un proyecto para suspender la denominada ley “Cerrojo”, que puso fin al canje de 2005 y cerró las puertas a nuevas propuestas para los bonistas. Entonces, la aceptación había sido del 76%. Tal como publicó FORTUNA hace dos semana, los bancos colocadores de la operación ya le habrían asegurado al Gobierno que tendrían garantizado un preacuerdo por u$s 8,000 millones. En septiembre del año pasado, Barclays, Deutsche y el Citibank le habrían acercado a la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner una propuesta de renegociación que implicaría la aceptación del 20% de los tenedores de bonos.
Lea el artículo completo en la última edición de revista Fortuna
23/10/2009
