Por Paola Quain | El ministro de Energía y Minería reconoció que los aumentos no fueron consensuados. Fue imputado por su participación en Shell.
Una difícil semana para el el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, culminó ayer, cuando declaró que no renunciará a su cargo luego de que el Gobierno debiera dar marcha atrás con la fuerte suba de tarifas.
“Con respecto a dejar el cargo, yo no amago. El día que considere que no puedo ser útil voy a tomar la decisión de no quedarme. Y lo mismo aplica para el presidente de la República, el día que él considere que yo no estoy en condiciones de continuar con la tarea de ministro, lo decidirá”, dijo el funcionario.
Las declaraciones tuvieron lugar ayer, luego de que el Gobierno impusiera límites a los aumentos de los servicios de electricidad y gas que fueron aplicados en febrero y en abril, y que despertaron fuertes críticas en la oposición y en amplios sectores de la sociedad.
El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, había reconocido públicamente esta semana que las subas habían sido excesivas en numerosos puntos del país y que se había incurrido en errores en el nuevo cuadro tarifario.
La justificación del revés de los aumentos tarifarios por parte del Ejecutivo fue que “las subas excedieron la capacidad de la gente de poder absorber los aumentos”.
El propio ministro Aranguren fue el encargado de admitir que los fuertes cambios en las tarifas “se podrían haber adoptado de manera consensuada, discutida y reflexionada con los gobernadores”.
También ayer, el ministro recibió la imputación del fiscal Carlos Stornelli por el presunto beneficio personal derivado del aumento de las tarifas de gas al cumplir un doble rol como funcionario del Gobierno y accionista del Shell al mismo tiempo.
El diputado nacional Martín Doñate (FpV Río Negro), quien junto a su colega Rodolfo Tahiade denunció a Aranguren, afirmó ayer que el funcionario “debe renunciar frente a la flagrante ilegalidad de las medidas tomadas desde su cartera”.
A raíz de la denuncia de los legisladores, la Fiscalía pidió una investigación para determinar si Aranguren cometió delitos y se benefició como accionista de la compañía petrolera.
Los aumentos tarifarios, dijo Doñate, “no sólo asfixian a la población, especialmente a las provincias patagónicas, sino que lo benefician directamente en su actividad privada”: el ministro presidió la filial de Shell en la Argentina entre 2003 y 2015.
“El fiscal encontró los elementos suficientes para imputarlo junto a otros funcionarios por los delitos que denunciamos hace más de un mes”, insistió el diputado nacional Martín Doñate.
Nota publicada en la edición impresa del Diario PERFIL.
