José Toledo, presidente de Red Intercable y representante de los operadores del interior, dice que las compañías no podrán competir contra las cooperativas de servicios públicos.
Por Matías Fuentes y Andrea Catalano
En la Argentina no habrá más monopolios mediáticos”, aseguró Cristina Fernández de Kirchner luego de enviar al Congreso el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual. En una clara alusión al Grupo Clarín, la Presidenta explicó que la nueva norma abriría las puertas para que nuevos players ingresen al mercado de los medios y que las empresas más pequeñas e independientes pasarían a competir en un escenario más abierto y con más posibilidades de crecimiento.
Sin embargo, desde la industria de la televisión por cable no están de acuerdo con esos pronósticos. Y no se trata de una defensa del multimedio para Cablevisión – Multicanal. Son los pequeños y medianos operadores quienes aseguran se verán más afectados por la implementación de la ley. “Por cómo está escrita, las PyMEs desaparecen en un año”, dice a FORTUNA José Toledo, presidente de Red Intercable, la organización que nuclea a 700 compañías del interior del país. Es que, esa “apertura del juego” a la que hacía referencia la Presidenta, también allanó el camino para que ingresen al mercado las cooperativas de servicios públicos y los cableros saben que la competencia será muy difícil. Casi imposible, creen.
Durante las jornadas de Televisión por Cable que se llevaron a cabo en la Ciudad de Buenos Aires entre el 14 y el 16 de octubre pasado, los máximos referentes de la industria se congregaron, además de para hacer negocios, para hacer explícita una vez más su oposición a la nueva ley de medios y sus temores por el futuro del sector. “Creemos que el impacto va a ser muy duro”, asegura Walter Burzaco, presidente de la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC).
Toledo, que también es vicepresidente de la cámara de cableros, explica que estas cooperativas, que son las responsables por los servicios básicos como agua, gas y energía eléctrica en el interior del país, facturan entre 15 y 25 veces más que una compañía de cable. “Además tienen a un público cautivo con seis y hasta siete servicios” agrega el empresario. Así, las compañías de cable quedarían en clara desventaja competitiva, lo que lleva al ejecutivo a vaticinar que serán esas 700 compañías las que “primero desaparecerán”. “Nadie puede competir con alguien que no es de su tamaño”, dice Toledo.
En su conjunto, la industria del cable factura unos $ 5.760 millones anuales, basados en un promedio de abono de $ 80 por cada uno de los seis millones de clientes que hoy poseen las redes. De esos ingresos, las 700 PyMEs, que concentran unos 400.000 usuarios, se llevan unos $ 384 millones y generan unos 7.000 empleos. Según Toledo, la nueva ley pone en riesgo a todos esos puestos de trabajo porque, por más que las cooperativas comiencen a brindar servicio, “no van a contratar más gente de la que ya tienen trabajando”.
Burzaco cree que la ley no tuvo el tiempo de debate y análisis sufi ciente y que existe una “campaña sistemática contra el sector”. “La industria del cable ha sido regulada mirando solo lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires y se han olvidado de las 700 empresas del interior cuya realidad es completamente diferente”, suma el directivo. Para explicarlo el presidente de ATVC apela a una anécdota: “Una senadora de Tierra del Fuego dijo que en su provincia Canal 7 estaba en la posición 15 de la grilla, cuando en realidad está en la 9”, comenta con indignación.
Lea el artículo completo en la última edición de revista Fortuna
16/10/2009
