Por Patricia Valli | El ministro de Hacienda lo confirmó ante el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas. La estrategia de convocatoria.
Por Patricia Valli (*)
El Gobierno define el proyecto del blanqueo, amnistía o externalización de capitales que debe cerrar antes de fin de año, antes de que comience a regir –en 2017– el acuerdo de intercambio de información tributaria que firmó la Argentina en el marco de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico de la que quiere formar parte.
Detractor del blanqueo a través de Cedin y Baade, que prorrogó nueve veces el gobierno de Cristina Fernández, el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, confirmó en la semana que se pondría en marcha. “El blanqueo facilitaba el narcotráfico, al tiempo que no penalizaba”, sostuvo cuando lo dio por terminado el funcionario.
La meta es captar unos US$ 50 mil millones, según anticipó Prat-Gay y se trabaja en el proyecto que no está en la agenda legislativa de las próximas dos semanas y espera el momento indicado para entrar al Parlamento, con la expectativa de que se hayan calmado las críticas sobre la participación del Presidente en sociedades offshore, como se divulgó en los llamados Panamá Papers.
El modelo de otros países como Chile o Brasil puede ser el camino a seguir. Para el especialista Iván Sasovsky, director de Sasovsky & Asociados, “hubo un blanqueo hasta diciembre pasado y el argumento para abrirlo tiene que ser fuerte”.
El objetivo es repatriar los capitales que se fugaron durante el cepo cambiario y el esquema puede incluir “un premio para quienes hayan cumplido, a través de un crédito fiscal, por ejemplo”.
Terrorismo, narcotráfico y lavado de dinero deben quedar bajo el “reporte de operaciones sospechosas”, agregó.
