Por Patricia Valli | Se podrán volcar unos $ 50 mil millones hacia fin de año.
Las correcciones a la quita de subsidios al gas anunciadas esta semana se suman al proyecto de pago a jubilados que podría llevar a una ampliación del déficit temporario hasta que ingresen los fondos del blanqueo. Así, se aleja la meta del 4,8% que planteó el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay para este año.
Aun en el caso de que se cumplan los objetivos de mínima del Gobierno, de que se declaren al menos US$ 20 mil millones, los ingresos se prevén para fin de año y principios del próximo. Pero hasta tanto, el Gobierno deberá recurrir al gasto público que frenó en el primer cuatrimestre para garantizar los pagos.
Un análisis de la consultora Economía y Regiones da cuenta de la estrategia con cara a las elecciones legislativas del año próximo, más allá de los estímulos al consumo en el corto plazo.
“Con el pago a jubilados y el blanqueo de capitales, el Gobierno está procurando revertir la caída del nivel de actividad vía estimulación del consumo y de la demanda agregada”, detalló la consultora fundada por el ministro de Interior, Rogelio Frigerio.
Economistas consultados por PERFIL estimaron que se podrán volcar unos $ 50 mil millones hacia fin de año. “Dado que los jubilados tienen una propensión marginal a consumir prácticamente igual a 1 y carecen de incentivos a ahorrar, el aumento de las jubilaciones (compensación retroactiva, ajuste presente y futuro) se trasladaría prácticamente en su totalidad al consumo y la demanda agregada de corto plazo”, detalló el análisis de E&R, que prevé que los pagos permitirán “compensar (en parte) el actual deterioro del consumo, generando una (tenue) mejora del nivel de actividad en los primeros trimestres de 2017 antes de las próximas elecciones legislativas”.
Esta semana, además, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, anunció un tope a los aumentos de gas que implica que el Estado deberá desembolsar unos $ 2.200 millones que ya tenía previstos como ajuste.
Pese al anuncio de Aranguren, la diputada nacional Margarita Stolbizer y la ONG Consumidores Libres anunciaron que “continuarán con la medida cautelar iniciada contra el Estado, contra el Ente Nacional Regulador del Gas y contra la empresa Metrogas “por violación a la Ley de Etica Pública por no haberse realizado la revisión tarifaria integral y la audiencia pública correspondiente”. Para Héctor Polino, de Consumidores Libres, el tope a los aumentos “constituye la prueba del altísimo grado de improvisación con que se está actuando”.
