Diputados de la oposición criticaron duramente la decisión de un Juzgado que pide nombre de quienes informan acerca de la inflación.
Diputados de bloques opositores criticaron este miércoles la decisión de la Justicia de pedir datos de periodistas que escribieron notas relacionadas con la inflación dada a conocer por consultoras privadas, al tiempo que confirmaron que seguirán difundiendo mensualmente los índices de precios alternativos.
El pedido "hace recordar a las listas negras de la dictadura", señaló la diputada radical Silvana Giudici en una conferencia de prensa en la que se advirtió sobre la "escalada de persecución".
Para el diputado Ricardo Gil Lavedra "la amenaza penal es un medio de censura indirecta, se coarta la libertad de expresión a los hombres de prensa con una medida de ese tipo".
Antecedentes
En una decisión sin precedentes, el Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 4, a cargo de Alejandro Catania, requirió a varios diarios datos de periodistas que escriben noticias sobre índices inflacionarios.
Es en la causa penal que el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, inició contra los economistas Carlos Melconian y Rodolfo Santangelo, titulares de M&S Consultores, por difundir índices de precios alternativos al del Instituto Nacional de Estadística y
Censos (Indec), informó El Cronista Comercial.
En un exhorto del 15 de septiembre último, Catania insta informar, en el plazo de cinco días, si El Cronista ha "facturado espacios para publicaciones a M&S Consultores o a Carlos Melconian o Rodolfo Santangelo, desde el 2006 hasta la fecha".
También pidió "suministrar la nómina, dirección y teléfonos de contacto de los periodistas, editores y redactores que hayan publicado en el referido diario noticias vinculadas a índices inflacionarios" a partir del 2006.
El miércoles, el juez había librado un exhorto al FMI para que dé cuenta de los parámetros que usa para difundir la inflación del país.
Moreno querelló penalmente a los titulares de M&S consultores y a Orlando Ferreres, responsable de la consultora que lleva su nombre.
Los acusa de infringir el artículo 400 del Código Penal, que castiga los "fraudes de comercio e industria".
Además, emitió multas por $ 500.000 a una docena de consultoras por difundir datos de inflación alternativos.
Las proyecciones de inflación que elaboran los privados rondan en la actualidad entre el 22 y 25% anual, en línea con mediciones provinciales de Santa Fe y San Luis, por caso.
Si bien el Gobierno las cuestiona, son empleadas por jueces para actualizar sentencias, y por los gremios, para negociar paritarias.
Redacción FortunaWeb Agencias
22/9/2011
