Cuál es la agenda Pyme para el gobierno de Milei

En una nueva edición de Charlas Abiertas Pymes de IDEA, dueños, CEOs y máximas autoridades de empresas argentinas consensuaron propuestas concretas para los próximos 4 años.

Redacción Fortuna

Más de 70 dueños, CEOs y máximas autoridades de Pymes de toda la Argentina se reunieron en mesas de trabajo para identificar las problemáticas comunes de las empresas y consensuar propuestas concretas para el gobierno de Milei.

En ese sentido, IDEA Pyme, el espacio que nuclea a estas compañías redactó un documento en torno a dos ejes centrales: “Desarrollo económico y marco impositivo” y “Generación de empleo y marco laboral”  abordando ideas  que sirvan como aporte para el sistema político y la sociedad en general.

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Desarrollo económico y marco impositivo

Actualmente, el desequilibrio fiscal del Estado, manifestado en los elevados niveles de inflación, la carga de deuda y el actual índice de riesgo país, resulta dañina para la economía del país. Esto afecta la credibilidad de Argentina, estancando la economía y deteriorando la calidad de vida de todos los habitantes.

Para alcanzar el equilibrio de las cuentas del Estado el pago de impuestos por parte de la ciudadanía es fundamental. Sin embargo, es necesario hacer foco en el sistema tributario actual considerando su complejidad y sus elevados niveles de recaudación tributaria, que se ubican en torno al 30% del Producto Bruto.

Estos volúmenes de recaudación tributaria se ven distorsionados por la informalidad laboral y la evasión tributaria, lo que termina por amplificar la presión tributaria que recae sobre quienes invierten y producen de manera formal en nuestra economía. Desde el ecosistema pyme se identificó como una prioridad combatir  la evasión y fomentar la educación financiera y la cultura tributaria.

En el intercambio junto a empresarios pymes, se coincidió en la importancia de alcanzar reglas de juego claras y sostenibles en el tiempo. Y, en un mismo sentido, en la necesidad de simplificar, reducir la presión fiscal y modificar el sistema impositivo, eliminando impuestos distorsivos y temporales, y aliviando la carga tributaria total. 

Hoy existen 148 diferentes tipos de tributos y tasas en Argentina, de los cuales solamente 10 significan el 91% de toda la recaudación. Asimismo, se resaltó la relevancia de dinamizar las gestiones burocráticas. En muchos casos, estos procesos complejizan la dinámica interna de las pequeñas y medianas empresas que no cuentan con un departamento y/o recursos humanos especializados para abordar este entramado tributario y deben asumir mayores costos asociados a estas gestiones. 

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A partir de este diagnóstico inicial, el empresariado pyme identificó diferentes ejes propositivos en materia de desarrollo económico y marco impositivo para dinamizar y dar mayor competitividad al sector. Entre ellos, han jerarquizado los siguientes factores: 

  • Simplificar el sistema impositivo y avanzar en la digitalización de trámites: al respecto se planteó la necesidad de reducir la burocracia asociada al marco tributario. En primer orden, reduciendo y/o eliminando total o parcialmente determinados tributos, como aquellos de escasa recaudación, los impuestos a los débitos y créditos, entre otros, gravando únicamente la venta minorista en el caso de ingresos brutos, evitando su encadenamiento regresivo, y deduciendo de ganancias las inversiones productivas. En adición, una mayor digitalización de la gestión administrativa simplificaría los costos asociados para el empresariado pyme. 
  • Reducir la carga impositiva ante escenarios de reinversión productiva: en complementariedad con la dificultad de acceso al crédito en el sector y los elevados niveles de presión impositiva, se coincide en favorecer la reducción impositiva a aquellos que reinviertan en mano de obra -elevando la nómina de trabajadores-, en capacitación, maquinaria y modernización con el objeto de alcanzar mayores niveles de competitividad y acceso al mercado internacional. 
  • Generar y divulgar planes de financiamiento efectivos con sistemas de calificación crediticia más equitativos
  • Simplificar los códigos de ingresos brutos para todas las provincias y que no generen saldos a favor
  • Crear consorcios de capitales mixtos para inversiones nuevas y ampliación de obras de infraestructura.
  • Crear una agencia nacional y federal pyme con rango ministerial.
  • Alcanzar un orden macroeconómico estable y equilibrado con un tipo de cambio unificado que otorgue previsibilidad y favorezca el acceso al comercio exterior.  

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Generación de empleo y marco laboral

En lo que respecta al mercado laboral argentino, se observó que la fuerza laboral en el sector privado se encuentra segmentada en tres grandes grupos con dinámicas propias. Un primer segmento de asalariados formales, de calificación y productividad media y alta, que aporta al sistema tributario y goza de un alto nivel de derechos y protección laboral. Por otro lado, se ubica un segundo grupo de asalariados informales, mayormente agrupados en empresas pequeñas y, sobre todo, micro de hasta cinco empleados, con niveles de formación, productividad e ingresos sustancialmente inferiores a los del primer grupo. Y, por último, un tercer grupo de trabajadores independientes con una composición heterogénea. 

Según datos oficiales tomando de la Encuesta Permanente de Hogares y el Sistema Integrado Previsional Argentino, sólo el 30% de la fuerza laboral ocupada privada tiene un empleo formal. Casi 8 millones de los trabajadores son informales (asalariados e independientes), bien por arriba de los 6,3 millones de empleados formales privados. De este modo, el empleado formal, la figura que naturalmente se asocia al mundo del trabajo en una economía desarrollada, en la Argentina representa menos de un tercio de la población ocupada y viene cayendo: en 2016-2017 esa proporción era del 33%.  

Ante esto cabe tener en cuenta que la dinamización del empleo en Argentina debe necesariamente contemplar como un actor protagónico a las pequeñas y medianas empresas ya que emplean al 64% de los asalariados registrados del país. Al respecto, los empresarios pymes destacaron que los bajos niveles de calificación, la intermitencia en las trayectorias laborales y la percepción de que las transferencias estatales bajo regímenes de promoción de empleo desalientan la búsqueda de trabajo son factores que influyen negativamente en la contratación y la generación de empleo genuino.

Al mismo tiempo, en materia legal y regulatoria, el empresariado pyme ha señalado como un obstáculo la incertidumbre en las reglas laborales, los costos indemnizatorios y el costo efectivo por cese, entre los que destacaron los montos arbitrarios correspondientes a las multas. Los elevados niveles de litigiosidad y conflictividad laboral desincentivan en la mayoría de los casos la contratación de personal. 

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Los empresario compartieron una serie de ejes propositivos que actuarían como dinamizadores del mercado laboral. Entre ellos, se destacaron los siguientes:

  • Simplificación y reducción de multas y otros costos laborales: entendiendo que el riesgo asociado al costo del cese de la relación laboral es uno de los obstáculos identificados por el empresariado como más relevante a la hora de la contratación se encuentra oportuno modificar el esquema de multas laborales. En este marco sería conveniente contar con mayor previsibilidad con valores fijos y topes y/o marcando que el beneficio económico originado por la multa pase a ser un crédito en favor del Estado, buscando desincentivar litigios judiciales. 

A su vez, se destaca como conveniente la reducción de otros costos laborales, entre los que se mencionan, el esquema de capitalización de intereses en juicios laborales, el régimen indemnizatorio (contemplando la generación de un fondo de capitalización de desempleo), así como la simplificación y reducción de las cargas sociales.

  • Extensión del período de prueba: con el objeto de generar menos intermitencia en las trayectorias laborales de las personas y entrenamiento en prácticas específicas el empresariado marcó como un incentivo a la contratación la extensión del período de prueba a seis meses.

Se coincidió en la importancia de lograr una mayor articulación público-privada en la ejecución de prácticas formativas, modificando la ley de pasantías, y reduciendo las cartas patronales para alentar la contratación de perceptores de planes sociales, primeros empleos o quienes se encontrarán fuera del sistema laboral formal por más de un año.